El 25 de septiembre de 1957, en medio de la crisis y la represión política provocada por el ajusticiamiento de Anastasio Somoza García, un grupo de patriotas íntegros, católicos y con vocación de servicio a su país fundaron el Partido Social Cristiano (PSC).

Influenciados por el pensamiento demócrata cristiano particularmente por la experiencia chilena, donde Orlando Robleto Gallo se había formado, dieron a conocer el Manifiesto del Partido Social Cristiano Nicaragüense el que, cincuenta años más tarde sigue siendo un documento vigente en esta nueva realidad nacional.

Veamos algunos párrafos extraídos del mismo:

“Nicaragua se encuentra sumida en la desgracia de un pueblo alejado de su propio destino debido a que se le ha negado sistemáticamente de sus más elementales derechos. Esta verdad incontrovertible la confirman sobre todo obreros y campesinos, quienes son los que padecen más directamente las funestas consecuencias de los gobiernos que por regla general no han sido ni son la expresión de la libre voluntad popular”.

“De hecho, vivimos bajo un exótico régimen en el cual los ropajes formales de una República encubren la realidad de una monarquía espuria. Políticamente Nicaragua se encuentra anarquizada. Es una situación que la conciencia nacional repudia totalmente. Pero no ha habido organización alguna que, siendo fiel traducción de la opinión pública, sea capaz de transformar con una acción cívica constante y decidida tal estado de cosas”.

“Asimismo, en el aspecto económico y social, los Partidos Liberal y Conservador no ofrecen ninguna seguridad de resolver los delicados problemas que agobian a nuestro pueblo. Hasta el momento todo se ha reducido a ofrecimientos con motivos meramente electorales. En conclusión, estos dos partidos han colocado a Nicaragua en la deshonra de ser, cívica y culturalmente, una de las naciones más atrasadas de nuestro continente”.

“Los bienes han sido creados por Dios para que se repartan equitativamente a todos los hombres de conformidad con los dictados de la justicia.

El derecho de propiedad privada de los bienes de consumo y de producción es natural al hombre para cumplir con su destino. La propiedad privada de tales bienes no es prerrogativa de unos pocos como sucede en la actual sociedad, en que la gran mayoría, por su miserable condición, está imposibilitada de obtener los suyos.

La forma ordinaria de adquirir los bienes es el trabajo. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de proporcionar a todos los ciudadanos la oportunidad de un trabajo honesto y bien remunerado.

La vida económica debe asegurarle a toda persona un mínimo de bienes materiales, para que pueda alcanzar su perfeccionamiento cultural y espiritual”.

“La familia es célula primaria de la sociedad, anterior a esta y con derechos irrenunciables sobre su prole”.

“Todos deben colaborar al bien común, pero la comunidad debe estar al servicio de la persona humana y de la familia”.

“La justicia social cristiana persigue la redención del proletariado, para elevarlo a un nivel que le permita libremente el ejercicio de todos sus derechos y deberes y el goce de una vida decente y honorable, lo que ahora es privilegio de una minoría”.

“La justicia social cristiana demanda de un cambio completo, una reforma de fondo de las estructuras que integran la economía liberal-capitalista, cuyo eje de acción es el egoísmo individualista que obliga las perentorias obligaciones para con la sociedad y la persona humana. El criterio liberal-individualista es el de hacer dinero por hacer dinero, sin importarle en principio si con ello se perjudica o no a la sociedad. La empresa se convierte en el capital.

“El humanismo integral, la ciencia y la técnica deben presidir toda medida de carácter económico. Es necesario una paulatina, pero enérgica transformación de la situación vigente”.

“Muy lejos ha estado Nicaragua de gozar de un régimen democrático republicano. Los nicaragüenses debemos elegir con libertad a las personas que tengan que desempeñar los cargos de mandatarios del pueblo: Presidente de la República, congresales y alcaldes y sancionar sus actuaciones. Los ciudadanos todos tenemos derecho a conocer de cerca qué es lo que se hace con la riqueza del bien común, con los impuestos que se pagan, con las ganancias que percibe el Fisco y las municipalidades. La honradez administrativa tiene que ser una de las primeras virtudes de todo gobierno verdaderamente democrático, pues debe tener la convicción de que está administrando bienes ajenos, el patrimonio de los nicaragüenses”.

Este documento fue firmado el 25 de septiembre de 1957 por una junta directiva provisional y un cuerpo consultivo compuestos de la siguiente manera:

Orlando Robleto Gallo, presidente; Guillermo Córdova Rivas, tesorero; Flavio Tijerino, vocal; Víctor M. Valle, vocal; Rodrigo Víctor Tinoco, secretario.

Eduardo Rivas Gasteazoro, Roberto Incer Barquero, Digna Zamora F., Silvio Mayorga D., Alfredo Cardoza, Horacio Peña, Enrique Reyes Valenzuela, Rómulo Alvarado N., José Luis Tiberino Ramírez, Gloria Domínguez, Manuel Sáenz.