Los juicios contra Alberto Fujimori serán públicos, con garantías constitucionales para el acusado y rodeados por fuertes medidas de seguridad para evitar poner en peligro la integridad de los magistrados.
En una rueda de prensa, el presidente del Poder Judicial de Perú, Francisco Távara, anunció el lunes que se “actuará con autonomía e independencia, sin aceptar ningún tipo de presiones”.
Távara garantizó el respeto escrupuloso “al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de publicidad de los juicios”.
Asimismo, demandó al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) una sede “idónea para un adecuado juzgamiento, que dé seguridad a la integridad personal del ex presidente Fujimori como a los magistrados”.
En este sentido, propuso la Base Naval del Callao, donde precisamente están recluidos el que fuera el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, detenido durante el régimen fujimorista.
Por su lado el presidente Alan García prometió que su gobierno actuará “sin odio, ensañamiento y venganza”, en sus primeras declaraciones públicas sobre el caso. “Eso es lo que el pueblo peruano espera de su gobierno, que no abuse de su posición para mancillar o vejar al adversario caído”.
La extradición a Perú del ex presidente, decidida por la Corte Suprema chilena, fue una decisión consecuente con la política de derechos humanos de Chile, afirmó ayer la mandataria Michelle Bachelet.
“La justicia ha trabajado bien, y ha hecho una decisión consecuente con algo que para nuestro país es importante, que son los derechos humanos”, dijo Bachelet.
