Una Comisión Especial de la Asamblea Nacional podría emitir un dictamen, el cual recomendaría a las autoridades enjuiciar a Gerardo Miranda, el ex diputado sandinista acusado de extorsionar a un grupo de inversionistas por unas tierras en Tola, Rivas.

El presidente de la comisión, el liberal José Pallais, informó ayer que su propuesta personal es que Miranda pase a los Juzgados, debido a que existen suficientes “elementos” que prueban un chantaje en contra de los inversionistas, hasta por cuatro millones de dólares. Los sandinistas anunciaron su rechazo.

“El informe considera que Gerardo Miranda debe ser sometido a juicio, porque hay elementos suficientes para proceder”, dijo Pallais.

Del otro involucrado, el contralor suplente Vicente Chávez, no hay suficientes pruebas, añadió Pallais.

“Del señor Vicente Chávez (contralor suplente) no hay suficientes elementos, únicamente indicios de su responsabilidad y que estos indicios deben ser comunicados al Ministerio Público”, explicó Pallais.

Miranda es acusado por el inversionista Armel González, de cometer una extorsión de hasta cuatro millones de dólares a cambio de legalizar varias manzanas de tierra en la turística zona playera de Tola, en Rivas.

Miranda rechaza la acusación y una grabación con su voz fue enviada a España y otra a Colombia, meses atrás, para comprobar si es la misma que grabó González de la persona que lo extorsionaba.

VARIAS PROPUESTAS CIRCULAN

Pallais precisó que a lo interno de la Comisión Especial existen varias propuestas, pero que la suya propone enjuiciar a Miranda, quien también fue designado en su momento por el Gobierno del sandinista Daniel Ortega, como cónsul en Liberia, Costa Rica.

El cargo nunca fue aceptado por el vecino país del sur.

Sobre González, quien es acusado por los sandinistas de ser un traficante de tierras, Pallais no propone ningún tipo de acción.

“Se analizó todo el proceso de adquisición (de las tierras) y no se han encontrado ni nulidades ni falsedades”, dijo Pallais.

El conflicto provocó que el valor de las tierras disminuyera, según informaron varios cooperativistas de Tola, cuando en su momento visitaron a los miembros de la Comisión Especial.

FSLN SE OPONE

El coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, rechazó la intención de Pallais, al alegar que el parlamento no es un ente investigativo.

Castro agregó que el caso está bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que debe resolverlo.

“El dictamen debe ser objetivo. Yo vi un borrador que está un poco sesgado, no están algunas observaciones que hizo la Procuraduría, (pero) no vi algunas entrevistas de otra gente y creo que debe ser completo y es el llamado que hago a José (Pallais)”, señaló Castro.

El FSLN es minoría en la Comisión Especial, que está integrada por los liberales Pallais, Gabriel Rivera (PLC), Jamileth Bonilla y Adolfo Martínez (ALN).

Los sandinistas están representados por Sadrach Zeledón y María Lidia Mejía, además de su aliado Juan Ramón Jiménez.

Para Castro, un dictamen objetivo sería aquel que inste a las autoridades a investigar por parejo a los involucrados en el caso Tola.

“Yo no soy nadie para decir acuso a uno o acuso al otro y creo que haría mal Pallais al decir que acusa a uno o acusa al otro. La Asamblea Legislativa no es una comisión investigadora que anda investigando si vos sos criminal o no, creo que mal haría”, sostuvo Castro.

El diputado sandinista se declaró a favor de que el dictamen recomiende a la Fiscalía y Procuraduría continuar la investigación del caso Tola.

“La conclusión que estaban diciendo es que van a instar a las autoridades a que sigan el proceso y creo que es correcto, porque el proceso está abierto y están investigando la Fiscalía y la Procuraduría y debe funcionar el sistema”, precisó Castro.

OTRAS RECOMENDACIONES

En su propuesta de dictamen, Pallais incluye recomendaciones relacionadas con el respeto al derecho de propiedad de los inversionistas.

“Y hacemos una serie de recomendaciones a lo que debe incluirse en la Ley de Costas y de lo que debe incluirse en la Ley del Registro Público, para dar respuesta a la problemática general que quedó evidente en este caso concreto”, añadió Pallais.

La Comisión Especial está citada para el próximo jueves, día en que podría emitir su dictamen final.

Miranda no contestó ayer las llamadas a su teléfono celular, y Armel González está fuera del país.