Procurador adelanta que medidas serán fuertes para los implicados

La Procuraduría General de la República (PGR) ya analiza la resolución emitida por la Contraloría General de la República (CGR) en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni), en la cual se destaca que el Estado perdió más de tres mil millones de córdobas por la subasta de los bienes en los que no se estableció un precio base; y más de 111 millones de dólares por la reestructuración de la deuda ocasionada por los Ceni.

Según la CGR, los ex directivos del Banco Central de Nicaragua que resultaron con responsabilidad penal son Eduardo Montealegre, Mario Alonso Icabalceta, Silvio Conrado, Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas y Ricardo Parrales.

Todo eso ya está siendo estudiado legalmente por la CGR, indicó el titular de esa cartera, Hernán Estrada, quien además indicó que esa institución fue notificada ayer sobre la resolución del caso y, a pesar de que la sentencia aún no es firme, aseguró que “ya está trabajando sobre ella (la resolución de la CGR)”.

“No puedo decir qué es lo que voy a hacer porque ningún abogado dice qué es lo que va a hacer, pero como abogado del Estado puedo asegurar que vamos a hacer lo que corresponda a los intereses del Estado, a los intereses generales de la nación”, dijo Estrada al ser consultado sobre las medidas que tomaría la PGR en el caso de los Ceni.

El funcionario no descartó que la PGR impulse un embargo contra los señalados de responsabilidad penal en la resolución de la CGR para resarcir los supuestos daños al Estado, además negó que al momento de actuar vayan a ser selectivos con los funcionarios implicados en el caso.

Al ser consultado si se culparía en el caso de los Ceni sólo a los funcionarios de otras filiaciones políticas, ajenas al sandinismo, Estrada argumentó que “todo es parejo”.

El pasado 18 de septiembre, la Coordinadora Civil, que aglutina a más de 300 organizaciones no gubernamentales, tildó de “incomprensible” la resolución emitida por la CGR sobre el caso de los Ceni y planteó que las únicas explicaciones posibles del hecho son: que hubo “negligencia” de parte de los contralores al dejar transcurrir el tiempo, o que hay ciertos “acuerdos políticos” de por medio.