El caso del proyecto Los Congos en Diriá se complica cada día más. Permisos ambientales supuestamente ilegítimos, anuncios que no se corresponden con las ofertas, y protestas de bandos a favor o en contra, tienen confundidos a los mismos concejales de este pueblo de 12 mil habitantes, ubicado a 40 kilómetros al sureste de Managua.
A simple vista es una lucha entre la preservación de la naturaleza y el bienestar económico que trae el desarrollo. La empresa Laguna S.A. pretende establecer un complejo turístico de 550 acres y al menos 53 obras verticales, entre cabañas y áreas de reunión social, además de sitios abiertos, caminos y piscinas.
El problema de fondo es que todo esto se desarrollaría en el cráter de la Laguna de Apoyo, una de las 76 áreas protegidas en Nicaragua, que en teoría no deberían ser intervenidas, a menos que se haga con “pinzas”, garantizando el desarrollo sostenible.
Esto último es lo que provocó el enfrentamiento entre la empresa responsable de Los Congos, Laguna S.A., y las autoridades municipales y gubernamentales, ya que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), aparentemente otorgó permisos a espaldas del resto de instituciones, lo cual es visto como un acto irregular.
EN “TRES Y DOS”
Giancarlo Ruiz, alcalde de Diriá, se declaró consternado con esta situación, porque, por un lado, el proyecto generaría desarrollo al municipio, pero por el otro, la destrucción del bosque acabaría con la gallinita de los huevos de oro del lugar.
Por esa razón, el Concejo Municipal decidió recientemente instar públicamente a que el Marena se pronuncie sobre el caso, si los permisos son válidos o no, y actuar en dependencia de la decisión gubernamental.
Ruiz explicó que el problema con los permisos es que la Alcaldía extendió una sola autorización a Laguna S.A., para mejorar el camino comunal hacia la Laguna de Apoyo, y “meter” la energía eléctrica hasta la playa.
MISTERIO CON PERMISOS
No obstante, el ex delegado del Marena en el departamento de Granada, Ricardo Cruz, habría aprovechado ese único permiso para permitirle a Laguna S.A. limpiar la maleza de la finca Los Congos, construir casas, levantar un muro a 15 metros de la marca máxima del nivel de la laguna y no a 30 como indica la ley ambiental, y extender el camino hasta dentro de la propiedad.
LA PRENSA buscó la aclaración de Cruz, pero no respondió ni devolvió la llamada telefónica tras haberle dejado un mensaje en su teléfono celular.
A juicio del alcalde, las autorizaciones extendidas por el ex delegado del Marena podrían ser ilícitas, porque no cumplió con todas las exigencias que deben tomarse en cuenta para explotar un área protegida, entre ellas, informar a la Alcaldía, ya que esta debe dar autorizaciones como el permiso de construcción, cambio de uso de suelo, entre otros.
DETECTARON ANOMALÍAS
La otra preocupación de Ruiz es que la actual delegada del Marena en Granada, Ligia Flores, no se ha pronunciado al respecto. Al ser consultada sobre el tema, esta respondió que tendría un dictamen el próximo jueves, pero reconoció que detectaron ciertas anomalías.
Las incoherencias más evidentes se observan en la distancia de los muros, pero también en la oferta que Laguna S.A. presenta en internet. Ahí ofrecen unidades con 1,550 pies cuadrados de espacio bajo techo y lotes con piscinas de tipo infinity, además de caminos pavimentados, sin incluir los muros hechos con “piedras nativas”.
Si eso se multiplica por la cantidad de edificaciones, representará un cambio en el uso de suelo en plena reserva natural. Al respecto, Ausberto Narváez, vicepresidente de Laguna S.A., respondió que hay cosas que tendrán que explicárseles a los compradores, para convencerlos del objetivo ecológico del proyecto.
Narváez aseguró que la empresa tiene todos los permisos en regla, y hasta ya envió de regreso al Marena el Estudio de Impacto Ambiental con las correcciones que les había orientado, todo a partir de un “permiso preliminar” extendido por ese ministerio.
Laguna S.A. tiene planes de invertir 25 millones de dólares en cabañas cuyos precios van de 79 mil dólares a 209 mil dólares.
Narváez mantiene que es ecológico porque buscan afectar en lo mínimo el entorno, y los desechos irán a una planta de tratamiento que arrojará el agua limpia a la laguna.
Mil personas, entre trabajadores y familiares de estos, visitarán la Alcaldía de Diriá esta tarde, con el objetivo de presionar para que las construcciones no sigan detenidas.
El Alcalde mantuvo que la decisión depende de lo que dicte el Marena.
(Con colaboración de Tiara Sánchez )
