Los ideólogos del frentismo y del incoherente socialismo chavista, tratan ahora de justificar la represión del Gobierno hacia los medios de comunicación independientes, acusándolos de ser defensores de una ideología y de una clase política. Algunos, como Bayardo Arce, insisten en llamarlos “empresas mercantiles” y de esa manera pretenden minimizar la importantísima función social de los medios de comunicación independientes, como es la de mantener informada a la ciudadanía y fiscalizar la gestión de los gobiernos, lo cual redunda en el fortalecimiento de la democracia.
La naturaleza comercial de los medios de comunicación privados no es algo que se tenga que esconder o de lo cual haya que sentirse avergonzados. Pero que los medios de comunicación sean empresas comerciales no tiene nada que ver con el hecho de que gobiernos corruptos, corruptores y violadores de la ley utilicen las instituciones del Estado como medios de presión y persecución. Los medios de comunicación podrían no recibir excepciones arancelarias y aun así, gobiernos autoritarios como el de Daniel Ortega buscarían otros mecanismos de presión, incluyendo la agresión física, la censura o el cierre temporal o definitivo, como ocurrió en los años ochenta. El problema, pues, va más allá de la exención parcial de impuestos, lo cual, dicho sea de paso, es un beneficio constitucional para los medios de comunicación. El problema de fondo es si los medios van a criticar o no; si van a denunciar abusos o a quedarse callados; sin van a mantener su dignidad o a agachar la cabeza.
Si LA PRENSA fuera un medio de comunicación progobierno, no sólo no existiría la actual discusión sobre impuestos, sino que gozaría de innumerables prebendas. El problema de fondo es ideológico. El problema es que el actual Presidente quiere imponer —otra vez— en Nicaragua un proyecto importado al cual llaman “socialismo del siglo XXI”, un híbrido ideológico que mezcla conceptos marxistas-leninistas y capitalistas con una alta concentración de autoritarismo al estilo de Hitler y Stalin, Mao y Fidel Castro. Y en ese proyecto los medios de comunicación constituyen un obstáculo que hay que remover.
En este sentido, Ortega sigue al pie de la letra el modelo y estilo del venezolano Hugo Chávez. Pero aquí las condiciones son distintas y no le será igualmente fácil conseguir su objetivo. Puesto que Ortega no puede, como Chávez, cerrar medios de comunicación, utiliza las instituciones del Estado para presionar y socavar su capacidad operacional. Este es el fondo del asunto tanto en Nicaragua como en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Donde no hay medios de comunicación independientes, como en Cuba, florecen la dictadura, los abusos, la discrecionalidad y la corrupción. La actual denuncia del pretendido contrato energético de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) con la recientemente establecida empresa de Panamá, Kamusi, la cual, según fuentes panameñas ni siquiera cuenta con la capacidad financiera para asumir la compra de equipos necesarios para la generación de 120 megavatios de energía (unos 112 millones de dólares) y además está ofreciendo un servicio más caro que otras compañías de mayor prestigio, es ilustrativa. A pesar de la nebulosa que rodea a Kamusi, el gobierno de Daniel Ortega solicitó a la Contraloría General de la República que le permitiera contratarla sin licitar. En este caso, los medios de comunicación han puesto en evidencia un asunto que podría ser perjudicial para la economía del país y para la ciudadanía en general. Y a pesar de que el tema ha estado en primera plana por varios días, el gobierno de Ortega guarda silencio y los funcionarios energéticos pierden la compostura y mandan a los periodistas a “investigar todo lo que quieran”. Ante esta falta de transparencia que se ha hecho habitual del gobierno sandinista, los medios de comunicación, lógicamente, se convierten en sus enemigos naturales y en blanco de susb ataques.
Con o sin exoneración de impuestos, LA PRENSA seguirá exponiendo los actos gubernamentales perjudiciales para los intereses nacionales, así como la corrupción de quienes utilizan el Estado para enriquecerse y ocupar posiciones de poder, desde donde siguen haciendo de las suyas en perjuicio de la nación. El premio a este esfuerzo es que, como decía nuestro Director Mártir —y Mártir de las Libertades Públicas de Nicaragua—, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal: “Nicaragua volverá a ser República”.
