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Imposición de tributos y leyes privativas
Silvio Iván Bendaña
El autor es abogado tributarista .

Si bien de forma indirecta, nuestra Constitución Política establece la obligación de contribuir las personas con el sostenimiento del gasto público. Esta obligación que en otras constituciones políticas figura como un precepto expreso, le corresponde a la Asamblea Nacional —de forma exclusiva e indelegable— la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, comprendidos en este concepto impuestos, tasas y contribuciones especiales aplicables en el ámbito nacional, regional o municipal.

Las leyes privativas son aquellas expedidas por el órgano legislativo o competente en situaciones excepcionales, para casos únicos y concretos, sea para otorgar algún beneficio de forma discriminatoria o para causar un perjuicio en especial. Aunque inicialmente la doctrina jurídica limitaba la expresión de leyes privativas o leyes proscriptivas, como lo decía el arto. 56 Cn. de 1950, al Derecho Penal, su significado se ha extendido a toda ley que de manera especial se expida para determinados casos, como, según la historia, en el Tercer Reich de Hitler se dictaban ordenanzas para fusilar a los ciudadanos alemanes de origen judío, y en México, se expidió una ley para que fuese juzgado y condenado Agustín Iturbide, proclamado emperador como Agustín I., habiendo sido fusilado en 1823, en virtud de esa ley privativa. La Constitución Política mexicana prohíbe de forma expresa que las personas sean juzgadas por leyes privativas y por tribunales especiales, y la doctrina de los tratadistas reconoce extensivamente la inaplicabilidad de las leyes privativas o cualquier norma jurídica que fuere dirigida a favorecer o a perjudicar a determinado individuo en casos muy particulares.

La aplicación de parte de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA) de la Ley No. 528 de Reforma de la Ley de Equidad Fiscal, bautizada por los medios de comunicación social como “Ley Arce”, pudiera ser en nuestro país el caso de una ley privativa, ya que sin perjuicio de que se hubieren cumplido las formalidades de dictaminación, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación, toda ley debe sujetarse a los preceptos de la Constitución Política, siendo este el fondo en discusión.

Las autoridades aduaneras, en especial el Director General de Aduanas, siendo autoridad que conoce y resuelve uno de los recursos legales en la vía administrativa, ha vertido opiniones que lo implican para conocer ulteriores casos sobre la aplicación de la Ley No. 528. Dos argumentos han sostenido las autoridades aduaneras: uno, que la Ley No. 528, por haber sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, es Ley de la República; y dos, que no le corresponde a la DGSA pronunciarse acerca de si esa ley es o no inconstitucional. Sin embargo, pasando por alto que la Ley No. 528 se aprobó en la misma sesión que la Asamblea Nacional había previamente aprobado la Ley No. 527 de Reforma Parcial de la Constitución Política, y que, como bien dicen los representantes de los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos que interpusieron un recurso por inconstitucionalidad relacionado con la Ley No. 528, si esta se basa en la Ley No. 527 que le adicionó una frase al arto. 68 Cn., del cual no se modificó la disposición que les otorga a esos medios exenciones en sus importaciones de papel, maquinaria y equipo, y refacciones, que por ser exenciones objetivas no los eximen del pago de sus impuestos directos (renta y patrimonio), es una ley non nata, porque ni siquiera había entrado en vigencia la Ley No. 527 que supuestamente le daría a la Ley No. 528 el fundamento constitucional para establecer el cobro de los impuestos impugnados, cabe acotar: primero, que la frase final adicionada por la Ley No. 527 de Reforma Parcial de la Constitución Política al actual párrafo quinto del arto. 68 Cn., que reza: “Las leyes tributarias regularán la materia”, no modifica el objeto ni alcance de las exenciones, al igual que ha ocurrido con cantidades de exenciones así reguladas, sin alteración de las exenciones ya normadas en otra ley, máxime que estas exenciones no han sido suprimidas del texto constitucional y tampoco la Ley No. 527 ha mandado a que las modifique una ley ordinaria; segundo, que toda autoridad competente, sea civil, laboral, penal o administrativa, está obligada a resolver, mediante resoluciones motivadas y fundamentadas, las pretensiones que se les formulen y no tienen excusa alguna para dejar de aplicar las leyes que se opongan a la Constitución Política, porque también le deben obediencia a la Constitución Política; y tercero, que al exigir el pago de impuestos impugnados por los medios de comunicación, las autoridades aduaneras han obrado contra ley expresa, porque el arto. 234 del Reglamento del Código Arancelario Uniforme Centroamericano (Recauca), que es Ley de la República, no exige ningún pago previo ni garantías en el procedimiento de reclamación ante las autoridades aduaneras.

Estando radicados en la Corte Suprema de Justicia dos recursos relacionados, respectivamente, con la validez y la aplicación de la Ley No. 528, solamente serían motivaciones políticas las que estén causando la retardación de justicia, que agrava más la inseguridad jurídica en nuestro país y por ello, la falta de confianza de los inversionistas criollos y foráneos.

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