La Coordinadora Civil, que aglutina a más de 300 organizaciones no gubernamentales, tildó ayer de “incomprensible” la resolución emitida por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) y planteó que las únicas explicaciones posibles del hecho son: que hubo “negligencia” de parte de los contralores al dejar transcurrir el tiempo, o que hay ciertos “acuerdos políticos” de por medio.
En un pronunciamiento de once puntos, la Coordinadora indicó que “resulta sencillamente incomprensible para nosotros, el hecho de que la CGR haya adoptado la decisión de declarar de oficio la caducidad de las operaciones y transacciones vinculadas con la emisión de los Ceni y la reclasificación de las carteras de crédito de los bancos liquidados”.
El organismo destacó que los contralores Guillermo Argüello Poessy, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el sandinista Luis Ángel Montenegro, les expresaron que en el caso de los Ceni, la caducidad no tenía lugar porque los términos de la misma se paralizaron desde el momento en que se inició la investigación sobre el caso.
“Hace pocas semanas el doctor Argüello declaró a los medios de comunicación, que tanto él como los contralores sandinistas estaban totalmente de acuerdo con eso, pero sorpresivamente al enfermarse (Argüello), los contralores sandinistas aparecieron suscribiendo con los liberales la declaratoria de oficio de la caducidad y aprobándola por unanimidad”, subrayó la Coordinadora en el pronunciamiento que fue leído ayer.
Georgina Muñoz, uno de los enlaces nacionales de la Coordinadora dio una conferencia de prensa sobre el tema.
El organismo se pregunta “cómo se puede explicar el hecho de que los contralores, de ser cierta la postura de que el período de caducidad de cinco años ya venció, hayan dejado que corriera el tiempo para emitir una resolución, cuando desde el 2005 la CGR emitió una resolución denunciando la nulidad de la emisión de los Ceni porque la misma fue absolutamente ilegal, es decir desde entonces sabían que se había cometido un acto ilegal y se conocía la magnitud de la emisión, ¿por qué entonces la demora en actuar?”, cuestionó el organismo.
A juicio de la Coordinadora, en principio los contralores no pueden argumentar ignorancia de la ley en el caso. “De manera que las únicas explicaciones posibles para dejar transcurrir el tiempo serían: o bien una enorme negligencia por la cual tendrían que hacerse responsables como lo establece la Constitución del país, o bien la existencia de acuerdos políticos”.
La Coordinadora expuso que si se tratase del primer caso, los contralores tendrían que sancionarse a sí mismos, pues según el artículo 153 de la Ley Orgánica de la CGR “los funcionarios o empleados de la CGR que por su acción u omisión fueren responsables por la caducidad, serán sancionados por el contralor general de acuerdo con el artículo 171 de esta ley”.
Si fuese el segundo caso, se demostraría que es correcto afirmar que “los ciudadanos nicaragüenses no podemos tener confianza alguna en que instituciones públicas que están sometidas y responden al control de unos u otros partidos, actúen en defensa del interés público, cuando ello por cualquier motivo contradiga el interés partidario”, apuntó.
Mario Quintana, también enlace nacional del organismo, añadió que “el tema de los Ceni lo tenemos que ver en dos partes: una primera parte es ver quiénes son las personas o las instituciones involucradas con responsabilidades penales y administrativas, y allí vemos que los contralores han dejado aparentemente caducar responsabilidades para otros funcionarios: el ex presidente Arnoldo Alemán 1997-2002; el ex presidente del Banco Central, Noel Ramírez y el Consejo Directivo de ese entonces.
Agregó que “un segundo tema es la recuperación de esos fondos vía la reestructuración de esa deuda interna ampliando los plazos de pago y reduciendo las tasas de interés para tener más fondos precisamente para el pago de la deuda que debe pagar la clase política de este país que es la deuda social acumulada con la mayoría de la población que está en situación de pobreza”.
conrado ileso
El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, declaró que la resolución emitida por la CGR sobre el caso de los Ceni, en la que resuelven responsabilidad penal contra Silvio Conrado, ex directivo del Banco Central, no afectará su trabajo como director por Nicaragua del Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE).
Rosales aseguró que la resolución de la CGR “es de carácter administrativo y no va a repercutir en el trabajo de un representante del Estado nicaragüense en esa entidad”, refiriéndose al cargo que ocupa Conrado en el BCIE.
“Entiendo que esa es una resolución de naturaleza administrativa y en Nicaragua los asuntos administrativos no causan cosa juzgada. Así que estoy seguro que el doctor Silvio Conrado tomará las medidas que él estime convenientes para aclarar lo que tenga que ver con las decisiones que él en ese cuerpo colegiado haya tomado”.
El funcionario aseguró que este año ya pagaron 372 millones de córdobas y en octubre pagarán otros 373.86 millones de córdobas en Ceni.
PLC presiona fuerte
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presionó ayer al ex ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, al advertirle que debe tener paciencia, buscar la unidad liberal y abstenerse de criticar al ex presidente Arnoldo Alemán y a la dirigencia de ese partido, para evitar una eventual desaforación.
La advertencia la dio a conocer el vocero de esa organización, Leonel Teller, quien además aseguró que el PLC buscará “los intereses supremo de la nación”, al referirse a la unidad liberal y negó que exista una orientación política de parte del ex mandatario Alemán y del PLC para “purgar” a Montealegre.
Según Teller, la dirigencia de su partido impedirá que el presidente de ALN sea chantajeado por el Frente Sandinista, como pasó con Alemán.
El vocero del PLC aprovechó la conferencia de prensa para enrostrarle al diputado Enrique Quiñónez que a pesar de sus declaraciones de que no apoyará la desaforación de Montealegre, el fue uno de los legisladores que respaldó un informe en el 2006 en la Asamblea Nacional en el que recomendaron que se investigara al ex ministro de Hacienda.
Por su parte Rodolfo Quintana, asistente de Eduardo Montealegre, dijo que el líder de ALN no ha sido notificado de la resolución, pese a que fue aprobada el 12 de septiembre.
“Primero se dio a conocer a los medios de comunicación, pero no a los afectados”, aseguró.
Además, afirmó que durante el proceso de auditoría no se llamó a Montealegre para que explicara los hallazgos que encontraron los auditores de la CGR.
(Con la colaboración de Luis Núñez).
