Víctimas de la violencia de paramilitares pidieron el martes que se prohíba a Chiquita operar en Colombia, un día después de que una Corte federal estadounidense impusiera una multa de 25 millones de dólares a la frutera por hacer pagos a grupos terroristas que se financiaban también del narcotráfico.

Una Corte federal aceptó el lunes un acuerdo alcanzado en marzo entre el Departamento de Justicia y la gigante bananera basada en Cincinnati, que reconoció haber pagado cerca de 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a grupos paramilitares.

La decisión judicial desató críticas de algunos funcionarios del Gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe.

“Se siente uno decepcionado de la justicia americana”, dijo el martes el ministro del Interior, Carlos Holguín.

Catalogó como “casi increíble que por 25 millones (de dólares) se compre la impunidad de quienes financiaron una masacre colectiva de colombianos”.

La multa, que también incluye un período de prueba para la compañía, es la más grande impuesta bajo las leyes antiterroristas de Estados Unidos.

Pero para la mayoría de los colombianos, el castigo se queda corto si se compara con la vinculación que tuvo la bananera en el conflicto de medio siglo en Colombia.

El ministro de Exteriores, Fernando Araujo, señaló en un comunicado que si se tipifica en Colombia algún delito de los funcionarios de Chiquita, solicitarán, con apoyo de la Fiscalía General, su extradición al país.

El Movimiento de Víctimas manifestó que pedirá al Ministerio de Comercio que retire todas las licencias comerciales de Chiquita. “Qué pasaría si una compañía colombiana fuera acusada de ser cómplice de un homicidio de trabajadores en Estados Unidos”, preguntó Iván Cepeda, líder de este grupo.