El aborto terapéutico continuará como un delito que se castiga hasta con tres años de cárcel, según los artículos del nuevo Código Penal que ayer refrendaron los diputados.
El Poder Legislativo mantuvo vigente la derogación que en octubre del año pasado aprobaron a la figura del aborto terapéutico.
“Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer, será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”, dice el artículo 143 del Código Penal.
“A la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique, se le impondrá pena de uno a dos años de prisión”, añade el artículo.
Acordaron también eliminar del artículo 143 un párrafo que eximía de castigo el aborto terapéutico cuando tres especialistas así lo recomendaran.
La decisión contó con el respaldo de 66 diputados de las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista, Alianza Liberal Nicaragüense y el Frente Sandinista, y el rechazo de tres miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Los defensores de la penalización del aborto terapéutico dijeron que defienden la vida y rechazan la cultura de la muerte.
“Este es un tema que divide en dos a la población nicaragüense. Divide a los que creen en la cultura de la muerte y a los que creemos en la cultura de la vida”, dijo el liberal constitucionalista Freddy Torres, representante por Matagalpa.
Mientras, los miembros de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Gómez y José Plutarco Hernández, argumentaron que quienes respaldan el aborto terapéutico lo hacen “por unos dólares más”.
Los diputados indicaron que en Nicaragua la práctica del aborto cuesta entre 260 y dos mil dólares.
“Mucha gente está esperando hacer abortos para hacer dinero”, sostuvo Hernández.
Desde que se derogó en octubre pasado la existencia del aborto terapéutico, el Movimiento Autónomo de Mujeres asegura que 62 mujeres han fallecido por supuesta falta de asistencia médica.
Sin embargo, Torres mantuvo que quienes defienden el aborto terapéutico no tienen ninguna moral.
“No tienen autoridad las lesbianas y los gay a aprobar el aborto terapéutico, porque nunca serán padres ni madres esas personas (...) No será una minoría con trastornos hormonales la que nos va a hacer cambiar nuestro criterio”, expresó Torres.
En iguales términos se pronunció el primer secretario de la directiva legislativa, Wilfredo Navarro.
“CLUB DE PAÍSES CAVERNÍCOLAS”
Sin embargo, la diputada por el MRS, Mónica Baltodano, señaló que Nicaragua junto a El Salvador, Chile y el Vaticano son “un selecto club” de cuatro Estados pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que castigan el polémico aborto terapéutico.
Baltodano agregó que los legisladores otorgaron a sus creencias religiosas carácter de ley, a pesar de que la Constitución establece que el Estado es laico.
“Yo creo que no podemos llevar a categoría jurídica las creencias religiosas, un enfoque así en nuestro Código Penal implica que las instituciones del Estado derivan en políticas públicas sus ideas religiosas (...) formamos parte de una ínfima minoría de países cavernícolas”, manifestó Baltodano.
Ana Pizarro, representante del Movimiento Autónomo de Mujeres, propuso a los diputados dejar sus curules a las iglesias.
“Todos (los diputados) han invocado sus principios religiosos (...) deberían dejarle la curul a los obispos, porque aquí quienes están gobernando, quienes están legislando son los obispos, si fueran un poquito más sinceros les dejarían la curul y pongamos un Estado teocrático, porque eso hay en la práctica”, dijo Pizarro.
Baltodano amenazó con enviar a las mujeres que fallezcan por falta de atención médica a cada una de las casas de los legisladores que respaldaron la penalización del aborto terapéutico.
Por su parte, Pizarro descartó acudir ante el Poder Judicial en contra de la decisión legislativa, porque es “corrupto y está atado a dos caudillos”.
Ana Orozco, también del Movimiento Autónomo de Mujeres, comentó que podrían recurrir ante foros internacionales como la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
MAL MENSAJE, DICE PALLAIS
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais, criticó la decisión del plenario de discutir “apresuradamente” ayer los artículos relacionados con el aborto, y añadió que enviaron un mensaje erróneo a la sociedad.
Según Pallais, el plenario debió buscar la fórmula para proteger la vida de la madre y la del hijo o hija.
“Están conscientes los obispos que hay casos en que hay que salvar la vida de la madre, pero yo estoy diciendo que estamos haciendo de forma incompleta, porque reitero que penalicemos el aborto terapéutico, pero hagámoslo de una forma que dejemos protegida a la madre cuando hay que salvarla”, dijo Pallais.
“Ellos (los obispos) están claros que debemos salvar la vida de la mujer y nosotros, hermanos y amigos diputados, no estamos claros, no estamos poniendo el mensaje claro”, agregó.
“En esos casos que no se atiende, no estamos salvando la vida de los niños, estamos matando al niño y estamos matando a la madre, estamos matando dos vidas”, concluyó Pallais.
LOS DEMÁS ARTÍCULOS
Además de penalizar el aborto terapéutico, los legisladores aprobaron artículos sobre el aborto sin consentimiento (de tres a ocho años de prisión), aborto imprudente (seis meses a un año de cárcel), manipulación genética y clonación de células (uno a tres años de prisión), manipulación genética para producir armas biológicas (de 15 a veinte años de cárcel), lesiones al que está por nacer (dos a cinco años de cárcel) y lesiones imprudentes al que está por nacer (uno a dos años de prisión).
