El director del Instituto de Medicina Legal, doctor Zacarías Duarte, alegó que esa institución actuó profesionalmente en la atención a Doris Escalona, esposa del doctor Abad Valladares, uno de los forenses de esa institución, cuando esta fue remitida por las Comisarías de la Mujer, tras haber denunciado al funcionario por violencia intrafamiliar.
Sin embargo, el funcionario de Medicina Legal no supo explicar cómo es que el doctor Valladares, al tiempo que trabaja para esa institución, también trabaja para la Policía Nacional, donde tiene el grado de capitán.
Valladares trabaja en el Hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía Nacional, donde su hermana Raquel Valladares, esposa del ex director de la Policía, primer comisionado en retiro Edwin Cordero, es la directora.
El pasado 3 de mayo, tras incorporar a nueve forenses al sistema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, aseguró que habían autorizado un aumento en el salario de los médicos forenses, para que cumplieran con lo establecido por la Ley de Carrera Judicial, de no poseer otro empleo.
En esa ocasión fuentes extraoficiales señalaron que existen informaciones que indican que hay algunos forenses que trabajan sólo cuatro horas como forenses y luego laboran en clínicas particulares u otra institución, publicación que ameritó críticas a LA PRENSA, por parte de algunos forenses a través de la oficina de Relaciones Públicas.
No obstante, el caso de Valladares deja entrever que aún hay forenses que no están cumpliendo con lo establecido por la ley. La explicación que ofreció Duarte fue de que muchos forenses se regían con la ley del médico forense, que no prohibía el ejercicio médico para otras instituciones.
“Y la mayoría de los médicos que trabaja para el instituto son médicos que trabajaban antes de la emisión de la Ley de Carrera Judicial, de manera que ellos trabajaban para dos instituciones”, dijo Duarte. No obstante, la Ley de Carrera Judicial fue aprobada desde el 2005 y las autoridades deberían aplicarla.
La Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH) investiga el supuesto tráfico de influencias en este caso, después que Escalona introdujo una denuncia en contra de la Policía y el Instituto de Medicina Legal. Hasta ahora la Policía no ofreció una versión oficial sobre el caso investigado por las comisarías.
