La Contraloría General de la República (CGR) no estableció hoy ninguna responsabilidad contra el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, por la reclasificación y subasta de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni), bajo el argumento de que en su caso opera la caducidad. Sin embargo, estableció presunción de responsabilidad penal y administrativa contra todos los ex miembros del Consejo Directivo de esa institución, incluyendo al ex ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre.

Los exfuncionarios del BCN “pegados” por la CGR son Mario Alonso, Silvio Conrado, Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas y Ricardo Parrales.

La resolución de la Contraloría sólo revisó el caso de la reclasificación de la deuda por los Ceni y la posterior subasta de los activos de los bancos quebrados. En este último caso la Contraloría estableció que los bienes fueron vendidos a un precio menor del valor de mercado y en el caso de la emisión y la deuda de los Ceni, la CGR no se pronunció, alegando que en este caso operaba la caducidad, para lo cual citó un sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que el alto tribunal les prohibió realizar investigaciones sobre casos que tuviesen más de cinco años.

La resolución está dándose a conocer en estos momentos por el Consejo Superior de la Contraloría General en pleno, integrada por tres contralores liberales y dos sandinistas. En la sesión de hoy no estuvo presente el contralor liberal Guillermo Argüello Poessy, quien fue sustituido por su suplente, Francisco Guerra.

El pago de Ceni, que fueron emitidos a raíz de las quiebras bancarias, formaban parte de la deuda interna del país, que era de más de 500 millones de dólares.

Una auditoría realizada por la Contraloría que culminó en agosto pasado y un informe preliminar de abril pasado, al que LA PRENSA tuvo acceso, determinaba que el perjuicio económico al Estado por la emisión, reclasificación y subasta de los Ceni ascendía a 33.78 millones de dólares.

“Comprobamos que el BCN asumió sin base legal el pago de otras obligaciones diferentes a los depósitos con el público”, asegura parte del informe mencionado, el cual concluye que “se usaron Ceni para cubrir deudas con otras instituciones financieras (Tower Bank, Dresdner Bank, Profund, Banco Alemán Platina, Giro del Hamilton Bank), obligaciones por letras (certificados de depósitos) emitidas, financiamiento para gastos de administración, pasivo contingente, entre otras que tenían los bancos desincorporados Interbank, Bancafé y Banic”, citaba el informe ejecutivo.

Estos certificados fueron adquiridos por los bancos de la Producción (Banpro), de Crédito Centroamericano (Bancentro) y de Finanzas (BDF).

A inicios de abril del 2006, la CGR inició una investigación sobre la deuda interna que agobia a Nicaragua por el pago que el Gobierno está haciendo a tres bancos privados que compraron los Ceni emitidos por el Estado para cubrir la quiebra de cinco bancos privados durante el gobierno de Arnoldo Alemán.

Los Ceni se negociaron a intereses altísimos, hasta del 21 por ciento a partir del 2001 y posteriormente fueron renegociados por la administración del ex presidente Enrique Bolaños.