La Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga la existencia de supuesto tráfico de influencias en dos instituciones del Estado, tras la denuncia presentada en agosto pasado por Doris Escalona en contra su esposo, el forense Abad Valladares, quien también es capitán de la Policía.

La funcionaria de la PDDH, Xochitl Sequeira, afirmó que desde el pasado 21 de agosto Escalona denunció ante la PDDH a la Policía y al Instituto de Medicina Legal, después que en la primera institución presentó una denuncia por violencia intrafamiliar contra Valladares, de quien se está divorciando actualmente.

Señala Sequeira, que a raíz de esa denuncia, Escalona y sus tres hijas fueron remitidas ante dos psicólogas forenses a fin de determinar si existe o no afectación psicológica, producto de la situación de violencia que existía de parte del forense Valladares.

Cabe señalar que ni la Policía ni el Instituto de Medicina Legal quisieron brindar alguna versión sobre este señalamiento.

Extrañamente los resultados del Instituto de Medicina Legal, en el caso de Escalona, se extraviaron en la delegación policial; al menos esa fue la explicación que recibió la afectada cuando se presentó al Distrito Tres de la Policía.

“Sólo le informan que remitieron los (resultados) de sus tres hijas pero no el de ella, obviamente ella se dirige a Medicina Legal con la finalidad de conocer qué había pasado con su dictamen… la atiende el doctor Julio Espinoza, que es el subdirector del instituto, y le dice que los cuatro dictámenes, el de ella y sus tres hijas, ya se enviaron y que fueron retirados de Medicina Legal por una oficial de la estación policial Ajax Delgado y eso lo corrobora con el recibido del documento”, explica la funcionaria de la PDDH.

PEDIRÁN AMPLIACIÓN

“Obviamente eso creó un poco de suspicacia en la denunciante, porque dice que cómo era posible que ya habían hecho las valoraciones, sólo tres aparecieran y la de ella no; se fue al Distrito Tres de la Policía y al final terminó apareciendo su dictamen… ella incluso aducía que los dictámenes se habían cortado y pegado y que no había una congruencia en los resultados”, sostuvo Sequeira.

Aunque aún no hay una resolución del caso, la funcionaria de la PDDH explicó que como parte de las investigaciones ya han entrevistado a funcionarias policiales, sicólogas forenses y requirieron información de parte del director de Medicina Legal, pero le han solicitado una ampliación porque considera que el informe remitido es muy escueto.

También dijo que han requerido información al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez y le informaron además de la situación que se presentó, ya que Medicina Legal, donde trabajan las dos forenses, está adscrito al Poder Judicial, para que se inicie un proceso investigativo administrativo en relación con estas dos funcionarias.

El 31 de agosto el Ministerio Público determinó que el caso no constituye delito, tres días después la víctima impugnó la medida.