La actitud del Gobierno encabezado por el secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, de pretender obligar al Diario LA PRENSA, a pagar supuestos adeudos hasta por la suma de 13 millones 819 mil 598 córdobas, no sólo es ilegal, sino que atenta contra los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de información, sostuvo el gerente general de este Diario, Hugo Holmann.
“No es cierto que LA PRENSA tenga una deuda pendiente con la Dirección General de Servicios Aduaneros, (como aseguró esa entidad en un comunicado el pasado 10 de septiembre). Primero, que me llama la atención que sólo se mencione a LA PRENSA, o que sea un comunicado dirigido a atacar la imagen y credibilidad de LA PRENSA. Segundo, esta institución, cumple y ha pagado todos los impuestos y obligaciones fiscales” dijo Holmann.
En el año fiscal que recién finalizó, LA PRENSA habrá pagado como 33 millones de córdobas al fisco. “Además, con base a la ley, hemos hecho gestiones para que la DGA nos permitan el libre desaduanaje de nuestras importaciones al amparo del artículo 68 de la Constitución Política y del artículo 234 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Recauca)”, explicó Holmann.
El ingeniero Holmann Chamorro se refirió a un comunicado emitido por la Dirección General de Servicios Aduaneros, publicado el pasado 10 de septiembre, en el que se señala al Diario como uno de los supuestos deudores de esa institución del Estado.
Dicho comunicado indica que hasta el 30 de julio del 2007 existe de manera global una deuda de 28 millones 983 mil 989 córdobas con 72 centavos y 118 mil 908 dólares, entre comerciantes, agencias aduaneras, importaciones, medios de comunicación y otros sectores. Agrega el escrito de la institución del Gobierno que los conceptos fundamentales de estas deudas son infracciones administrativas, impuestos y multas.
“La tarea de recuperación de activos es vital para nuestra institución, por ello nuevamente hacemos el llamado a los que aún se encuentran en mora para que solventen su situación, tal es el caso de la Editorial LA PRENSA, la cual tiene una deuda de C$13 millones 819 mil 598.03 córdobas, a quien para no entorpecer sus labores le hemos autorizado el retiro del 50 por ciento de la mercadería valorada en C$ 927,808.11 córdobas que tiene en Aduana, sin haber pagado los impuestos”, plantea el comunicado.
ADUANA PRESIONA A LA PRENSA
Sin embargo, Holmann Chamorro expresa que los funcionarios de la Aduana han estado presionando para que su representante firme un compromiso de pago de algo que está en apelación y que todavía no ha llegado a su término. “Esto es una violación de un compromiso internacional (el Recauca) que Nicaragua tiene firmado con el resto de países centroamericanos y es una violación del derecho constitucional de defensa”, explica el ingeniero Holmann.
“Estos señores (los funcionarios de Aduana) quieren aparecer ante la opinión pública, que con entregarnos la mitad de los embarques que teníamos parados en la Aduana, es una concesión o un acto de generosidad a LA PRENSA, lo cual más bien es un derecho constitucional que tenemos y aunque consideramos que la Ley Arce (Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal) es inconstitucional, ellos hacen uso de esa misma ley cuando les conviene y ahora con este acto la están violando, porque LA PRENSA, de acuerdo a esa misma ley, tiene todavía a esta fecha una cuota de importación de aproximadamente tres millones de córdobas, la cual no quieren entregar completamente. También quieren que una parte de esa cuota sea para pagar una supuesta deuda, lo cual invalidaría todo el recurso que está planteado. Esto es un chantaje que nos están haciendo y esta acción de la Aduana es una interpretación antojadiza de la ley, lo cual es un abuso de poder”, sostuvo Holmann.
INSTA AL GOBIERNO A CUMPLIR LAS LEYES
En este sentido, el gerente general de LA PRENSA instó al gobierno de Ortega a que “cumpla con las leyes de Nicaragua, con la Constitución Política, con las declaraciones internacionales con respecto a la libertad de expresión que han firmado como la de Chapultepec y la de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde dice que ningún gobierno puede usar presiones para suprimir la libertad de expresión. Aquí básicamente lo que están haciendo es un chantaje para evitar la difusión de la información en este país al tratar de coartar las importaciones de papel de LA PRENSA amparándose en supuestas deudas que no existen, y en la ilegalidad”.
“LEY ARCE” SE CONTRAPONE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Por su parte, el abogado tributarista de LA PRENSA, Silvio Iván Bendaña Mora, dice que la Dirección General de Servicios Aduaneros está cobrando supuestos adeudos provenientes de la aplicación de la Ley No. 528, que es la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal (conocida popularmente como “Ley Arce”), la que violenta abiertamente el párrafo cuarto del artículo 68 de la Constitución Política, que otorga a los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos exención de todo tipo de impuestos sobre sus importaciones de papel, maquinaria, equipos e insumos para su actividad.
Dicha ley, según Bendaña Mora, no obliga a LA PRENSA al pago ni a la suscripción de ningún compromiso ulterior de pago, que con base en la mencionada “Ley Arce” le está exigiendo la Aduana.
La “Ley Arce” (denominada así por haber sido promovida por el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Bayardo Arce) creada con el sólo fin de perjudicar a los medios de comunicación social, es contraria a la Constitución Política, aparte de que en el derecho moderno son prohibidas las leyes dirigidas para determinados sujetos; “su aplicación de parte de las autoridades aduaneras constituye un acto nulo de pleno derecho, porque todo acto que contravenga las leyes, se encuentra viciado de nulidad”, alegó Bendaña Mora.
Según el abogado, en la defensa de sus derechos, LA PRENSA ha hecho uso de todos los recursos legales que le concede la legislación aduanera, habiendo agotado el procedimiento administrativo de reclamaciones ante las autoridades aduaneras y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), hasta acudir mediante un recurso de amparo, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya resolución se encuentra pendiente en la Sala Constitucional.
EL ARTÍCULO 234 DEL RECAUCA
Bendaña Mora invoca el artículo 234 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Recauca) —que es un compromiso arancelario a nivel centroamericano contraído por Nicaragua—, el cual en el procedimiento de reclamación aduanera, una vez que es admitido el recurso, manda a suspender la ejecución de la resolución recurrida y adicionalmente no exige ningún pago previo ni rendición de garantías, por tanto, le confiere a LA PRENSA su derecho a que las autoridades aduaneras no le exijan ningún pago ni garantías mientras no hubiere recaído una sentencia definitiva que la obligue a pagar el supuesto adeudo que menciona la Aduana.
“Como puede apreciarse, de acuerdo con el principio jurídico de que nadie puede ser condenado sin antes ser juzgado, escuchado y vencido en juicio, el cobro pretendido de la Aduana violenta el derecho constitucional de LA PRENSA de no hacer lo que ninguna ley le manda, ya que como se ha explicado previamente, no ha recaído sentencia firme que faculte a la Aduana exigir el pago del supuesto adeudo mencionado en su comunicado. Asimismo, instamos a las autoridades de la DGA a que se someta a las prescripciones de la Constitución Política y las leyes de la República, permitiéndole a LA PRENSA el desaduanaje de las importaciones que ilegal y arbitrariamente le tiene retenidas”, añadió el abogado Bendaña.
