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Gobierno de Ortega agrede a LA PRENSA

En realidad, el cobro ilegal de una deuda inexistente que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA) le está haciendo a LA PRENSA, es una agresión del gobierno del presidente Daniel Ortega no sólo contra LA PRENSA sino contra la libertad de expresión y de prensa en general.

De la ocultación de información gubernamental que sólo es divulgada, de manera “filtrada”, por los medios oficialistas de comunicación; de la utilización de la publicidad oficial, que se paga con dinero de todos los nicaragüenses, para premiar y castigar a periodistas y medios de comunicación según las conveniencias gubernamentales; y de la hostilidad hacia los periodistas de los medios de comunicación independientes y democráticos, el gobierno del presidente Ortega está pasando peligrosamente a la agresión directa contra la libertad de expresión y de prensa. De ninguna otra manera se puede calificar esta acción de la DGSA contra LA PRENSA, ya que atropella la Declaración de Chapultepec —la cual fue firmada por el mismo Daniel Ortega en el año 2001— y la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión, de la OEA.

En estricto sentido de derecho y justicia, LA PRENSA no le debe ni un centavo a la DGSA ni a la Dirección General de Impuestos (DGI). Como lo demuestra de manera fehaciente el Gerente General de LA PRENSA, ingeniero Hugo Holmann Chamorro, en sus declaraciones que publicamos en esta misma edición, LA PRENSA paga de manera puntual todas sus obligaciones tributarias, como corresponde a una empresa de gran trayectoria histórica, cuyos propietarios y ejecutivos son personas de reconocida e intachable honorabilidad.

Lo que no podemos ni debemos hacer es pagar un cobro ilegal que la DGSA nos hace en base de la arbitraria Ley Arce contra la libertad de expresión y de prensa. Cabe señalar que LA PRENSA ha recurrido en tiempo y forma ante la suprema autoridad judicial de la República contra esa ley que además es inconstitucional. Y de acuerdo con el Reglamento del Código Aduanero Unificado de Centroamérica (Recauca), que es tratado internacional y Ley de la República de Nicaragua, no se puede obligarnos a pagar ni a establecer compromisos de garantías, por algo que está en apelación y pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

Quisiéramos creer que la falsa imputación de deuda y el cobro que está haciendo la DGSA al Diario LA PRENSA, obedece solamente al desmedido afán del Gobierno por conseguir recursos económicos a como sea y de donde sea. Quisiéramos creer que no se trata de una política deliberada de terrorismo fiscal, de atribuir deudas inexistentes e incrementar arbitrariamente los impuestos a empresas privadas nacionales y extranjeras, con el propósito malsano de llevarlas a la quiebra o de confiscarlas “legalmente” a través de embargos e intervenciones judiciales, para obligarlas a vender en las condiciones que imponga el Gobierno, o para ponerlas en subasta al mejor postor a fin de que las adquieran jerarcas del gobierno de Daniel Ortega o sus testaferros.

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de resolver rápida y legalmente esta situación, e impedir que el Poder Ejecutivo por medio de la DGSA lleve a peores e irremediables consecuencias la barbaridad represiva que está cometiendo contra LA PRENSA.

Por su parte, la Asamblea Nacional, o más bien dicho los diputados democráticos que por cierto son mayoría en el Poder Legislativo, deberían también aprobar lo más rápidamente que sea posible, la Ley para Fortalecer la Libertad de Prensa, que ya está dictaminada y pendiente de discusión y votación en el plenario.

“La libertad de prensa es el sustrato básico sobre el cual se asienta la vigencia efectiva de todos los derechos fundamentales de la persona humana”, señaló el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Director Mártir de LA PRENSA y Mártir de las Libertades Públicas de Nicaragua, quien dio su vida por tales principios inalienables e irrenunciables. Ahora, todos los que amamos la libertad y la democracia tenemos que defender esta libertad al costo y al precio que sea necesario pagar por ella. Como lo hizo el doctor Chamorro Cardenal.

Gobierno de Ortega agrede a LA PRENSA

La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA), ha acusado a LA PRENSA de tener una deuda de C$13,819,598.11 (trece millones ochocientos diez y nueve mil quinientos noventa y ocho córdobas con once centavos).

Esta acusación contra LA PRENSA, que la DGSA expuso en un comunicado que dio a conocer el lunes 10 de septiembre corriente, es absolutamente falsa y, para todos los efectos morales y jurídicos, es calumniosa y difamatoria.

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