En un fallo que sienta importantes estándares para la protección de la libertad de expresión, la Corte Suprema de Justicia de Argentina condenó a la provincia de Neuquén por el retiro de publicidad oficial del diario Río Negro y ordenó al Gobierno a presentar en 30 días un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea discriminatorio.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un “amicus curiae” en respaldo del amparo presentado ante la Corte Suprema.
Un “amicus curiae” es una presentación ante el tribunal donde tramita un litigio judicial por parte de terceros ajenos a esa disputa, que intervienen en temas de reconocido interés público.
ADC también es copeticionaria en el caso que tramita dicho diario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
criticaron corrupción
El gobierno de Neuquén retiró la publicidad del diario Río Negro en el año 2002, luego de la cobertura de una denuncia de corrupción que vinculaba a funcionarios públicos y al gobernador Jorge Sobisch.
El voto de la mayoría de los jueces de la Corte sostiene que el comportamiento del gobierno provincial “configura un supuesto de presión que lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa”.
En este sentido, el fallo remarca que el Gobierno “debe evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que lleguen indirectamente a ese resultado”. Para acreditar este hecho, sostienen los jueces, no es necesario acreditar “la asfixia económica o el quiebre del diario”.
Pautación irrazonable
Finalmente, el fallo considera que el Gobierno incurrió en un “ejercicio irrazonable” de facultades discrecionales ya que el gobierno neuquino no acreditó una causa justificada para la interrupción de la publicidad.
La mayoría de jueces afirmaron que en casos como este, donde está en juego la afectación de derechos fundamentales, es el Estado quien tiene la carga de probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen su decisión de negarla.
obligaciones
El fallo condena a la provincia de Neuquén a que en el futuro asigne la publicidad de un modo compatible con la libertad de expresión y le dio un plazo de 30 días para que presente un esquema de distribución de publicidad que esté conforme con los principios expuestos en el fallo.
En su voto individual, que coincide con el de la mayoría en la parte resolutiva, el juez Fayt destacó que el accionar del gobierno neuquino fue posible por la “inexistencia de normas que establezcan criterios de selección”.
La ADC considera que establecer leyes que regulen la publicidad oficial es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos, así se otorga transparencia y control a la asignación de fondos públicos.
Según esta organización, establecer dichas reglas no es una tarea sencilla, pero ellas deben estar regidas por principios tales como la transparencia, la no discriminación de aquellos que sean críticos de la labor del Gobierno y la posibilidad de controlar a quienes toman la decisión de colocar la publicidad que se compra con dinero público.
Las presiones ejercidas mediante la distribución de la publicidad oficial no sólo afectan el derecho a la libertad de expresión de los medios que resultan “castigados” por su línea editorial, también tienen fuertes efectos inhibitorios que impactan directamente sobre la calidad del debate público y vulneran el derecho a la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos, informó ADC.
