En el marco del Programa de Acceso a la Justicia para Poblaciones Indígenas, se desarrolla en Mozonte el Diplomado en Derechos Indígenas y Justicia Comunitaria con el fin de facilitar herramientas y asesorías en asuntos legales a las comunidades rurales de los cinco pueblos indígenas del norte del país.
Carlos Lenys Cruz, coordinador de proyectos en la Coordinadora Chorotega, informó que el diplomado pretende crear promotores que trabajen en las comunidades en función de los temas de mediación en la solución de conflictos comunitarios y la promoción de derechos humanos.
Detalló que el diplomado está organizado en ocho módulos, elaborados en coordinación con la Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), sede León, y será impartido a 35 miembros de los Centros de Justicia Comunitaria de los municipios de Mozonte, Totogalpa, Telpaneca, San Lucas y Cusmapa, miembros de la Coordinadora Chorotega.
Los temas impartidos en un período de seis meses van alrededor de la mediación y solución de conflictos en medición de tierra, paso de servidumbre, herencia o sucesión de derechos y mecanismos para interponer denuncias, en base al Derecho Procesal Penal, así como la Promoción de Derechos Humanos.
ACREDITADOS POR CSJ
Los promotores indígenas tienen la misión de replicar sus conocimientos en 35 comunidades a igual número de personas, pero antes están obligados a recibir 40 horas de clases en el tema de Herramientas de Mediación para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los acredite como Facilitadores de Mediación.
“Una vez acreditados, los jueces tienen que asumir como válidos todos estos procesos y las autoridades deberán de reconocer el trabajo de mediación en el entendido de que ellos van a acercar la justicia a las comunidades”, explicó el coordinador de proyectos en la Coordinadora Chorotega.
Lenys Cruz indicó que la Coordinadora Chorotega, que aglutina a cinco pueblos indígenas del norte del país, está canalizando recursos del Programa Estado-Derecho, adscrito a la USAID, que para el tema Acceso a la Justicia ha decidido destinar recursos para capacitación.
