En la Isla de Ometepe, la construcción de un muelle en la comunidad de Las Brisas, Altagracia, mantiene divididas a dos municipalidades; y una de las partes ha decidido denunciar por la vía criminal a la otra, con el fin de detener el proyecto.
Dando continuidad al proceso, esta semana el Ministerio Público y otras instancias visitaron el sitio.
Funcionarios de la Fiscalía, del Marena central y departamental, representantes del Ministerio de Salud y la Policía, entre otros, visitaron la zona donde se construye el proyecto.
La fiscal departamental del Medio Ambiente, Jessenia Velásquez López, comentó que las pruebas físicas, muestras de agua y otras que se hicieron en el lugar esta semana serán remitidas a la Fiscalía y una vez que se tenga toda la información, valorarán si cuentan con todos los elementos de convicción para ejercer o no la acusación.
Secundino Estrada, biólogo del Marena que inspeccionó el área (en su especialidad), comentó que las muestras tomadas al lago, donde se construye el muelle, no presentan mayores problemas.
Destacó que el Ph, el oxígeno, la turbidez y la temperatura en los alrededores están dentro de los parámetros internacionales normales.
Las diferencias entre los gobiernos de Moyogalpa y Altagracia se agudizaron este año cuando el alcalde del primer municipio, Luis Morales Morgan, denunció a su homólogo Crecencio Ruiz, de Altagracia, luego de que este emprendiera la construcción de ese muelle.
El pasado 21 de junio, el alcalde Morales presentó ante el Ministerio Público una denuncia en contra del alcalde Ruiz y su concejo, por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, exposición de personas al peligro y otros.
Son “delitos que se cometen al iniciar la construcción del muelle, sin cumplir con los estudios de impacto ambiental y las normativas técnicas ambientales establecidas por la autoridad competente”, argumentó.
En la denuncia se deja claramente expresado que la construcción del muelle en Altagracia generaría un gran perjuicio económico a la municipalidad de Moyogalpa, que de momento es la única que tiene habilitado un puerto por donde entran y salen pasajeros, carga y mercadería.
La denuncia plantea que la construcción ha destruido parte de un área protegida: “Se ha deteriorado la flora, fauna y otras formas de vida, se han creado residuos peligrosos de sustancias contaminadas, producto de su estancamiento y se ha afectado los respiraderos naturales del volcán”.