La comisión especial legislativa que analiza una petición judicial para desaforar al ex presidente Enrique Bolaños, por ser supuesto colaborador en el tráfico de inmigrantes chinos, recibirá la próxima semana a una serie de personajes públicos, como la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y el fiscal general Julio Centeno.

El presidente de la comisión, el liberal Wilfredo Navarro, explicó que es el propio ex presidente Bolaños quien solicitó la presencia de las autoridades nacionales.

Entre martes y jueves la comisión recibirá a Centeno, Granera; al ex ministro de Gobernación, Francisco Fiallos y al ex director de Migración, Fausto Carcabelos.

La comisión especial descartó citar a los principales dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), entre ellos al ex presidente Arnoldo Alemán.

Bolaños pidió que se entrevistara a los dirigentes del PLC para demostrar que esa organización tiene un mandato para desaforarlo, lo cual resta independencia a la comisión especial.

“La junta directiva rechazó esa solicitud de Bolaños, por eso no serán llamados”, dijo Navarro.

LA COMISIÓN DE PROBIDAD

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, Miriam Argüello, informó que en la segunda mitad de septiembre podrían emitir un dictamen respecto al caso de la extorsión por las tierras de Tola, en Rivas, y no descartó que soliciten una acción penal en contra de los involucrados.

El ex diputado Alejandro Bolaños Davis es parte de ese caso, como parte denunciante, y podría verse afectado, según las declaraciones preliminares de Argüello.

“La Comisión va a hacer sus recomendaciones de acuerdo a lo que considere y puede considerar que hay delito de alguna de las partes (acusadores o acusados), o que hay delito de las dos partes”, explicó Argüello.

Bolaños Davis y su yerno Armel González denunciaron a altas estructuras del partido de Gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de extorsionarlos a cambio de legalizar unos lotes de tierra en Tola, Rivas.

“La Comisión puede recomendar acción penal, pero el plenario decide”, añadió Argüello, aliada al FSLN.

La diputada explicó que el dictamen de la Comisión de Probidad y Transparencia tomará en cuenta tres ángulos: el de la extorsión, el del daño al medio ambiente con la construcción de edificios turísticos y el del litigio por tierras.