Los sindicalistas del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) anunciaron la creación de un Tribunal de Huelga, luego que las negociaciones por un nuevo convenio colectivo entre la parte empleadora y los trabajadores de esta institución se estancaran por más de un mes.
Aunque las partes negociadoras se han reunido semanalmente, desde hace más de un mes, no hay avances y “los abusos contra los trabajadores continúan”, dijo por su parte Freddy Velásquez, secretario general de la Federación de Trabajadores del servicio público.
De acuerdo con Velásquez, las autoridades del Transporte han incumplido con las normas establecidas en el convenio colectivo vigente, el cual se encuentra en proceso de discusión a solicitud del titular del MTI, Pablo Fernando Martínez.
“Las autoridades piden negociación de convenio, pero ni siquiera cumplen con lo establecido en la ronda de discusión, y se dedican a violar todas nuestras garantías”, agregó.
EL PROCEDIMIENTO LEGAL
El Código Laboral nicaragüense, en su artículo 244, establece que la huelga, suspensión colectiva del trabajo, acordada, ejecutada y mantenida por la mayoría de los trabajadores interesados en un conflicto de trabajo, es un derecho que se puede ejercer cuando se hayan agotado los procedimientos de conciliación ante el Ministerio de Trabajo.
“Estamos actuando de acuerdo a la ley, y por eso ya empezamos con los requisitos para que se nos permita hacer una huelga en demanda de nuestros derechos laborales”, agregó Álvaro Leiva, también sindicalista del MTI.
Los trabajadores también denunciaron que los paquetes escolares para sus hijos, una garantía contenida en el convenio colectivo vigente, no han sido entregados; mientras, continúan actuando las llamadas “comisiones de despidos”.
Los carné de identificación y uniformes para los trabajadores del MTI tampoco han sido entregados, a pesar que se encuentran en el convenio, según dijeron sus representantes.
El Viceministro del MTI, Fernando Valle, indicó en declaraciones anteriores que el actual convenio colectivo tiene un costo de al menos 25 millones de córdobas, monto que esa institución no ha presupuestado y no puede cubrir financieramente.
Valle ha sido el negociador por parte del sector empleador, pero los trabajadores le critican las múltiples faltas en las reuniones laborales.
