La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno del presidente Daniel Ortega que adopte medidas urgentes a favor de 11 miembros de la familia Artola Delgadillo, quienes en los últimos cinco meses se han visto envueltos en una serie de hechos suscitados en Nueva Guinea, que llevó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) a recurrir ante ese organismo.
En escrito dirigido por el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, refirió en una comunicación por escrito al Cenidh, que el pasado 31 de agosto solicitó al Gobierno medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad física de Nubia Geosonda, Amparo del Socorro, Wilberto Antonio, Cudys Cruz, William, Raúl Terencio y Juan Ramón Artola Delgadillo. Así como de Víctor Manuel y Santos Zeledonio Artola Amador, Sheyla Carolina Artola Aguilar y Enrique Alexander Artola Artola.
A su vez, pide al Gobierno de Nicaragua que informe sobre las acciones adoptadas, a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares.
También se solicitó la presentación de información sobre el cumplimiento con las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 15 días y actualizar dicha información en forma periódica.
“Oídas las observaciones de las partes, la CIDH decidirá si resulta procedente prolongarlas o levantarlas”, señala Santiago A. Cantón.
El Cenidh recurrió ante la CIDH a favor de los Artola Delgadillo, tras la muerte de los padres de éstos en los últimos cinco meses, en hechos distintos suscitados en la comarca Buena Vista, Jacinto Baca, Nueva Guinea. También dos integrantes de esa familia fueron abusadas sexualmente por parte de encapuchados armados. Ninguno de estos casos ha sido esclarecido hasta ahora.
Pedro Alberto Contreras, funcionario del Cenidh, manifestó que la trascendencia fundamental radica en el reconocimiento de los actos de suma gravedad ocurridos en Nueva Guinea. Recordó que al haber ratificado el Estado de Nicaragua, convenciones como la de Derechos Humanos, tiene la obligación de cumplir con las medidas decretadas por la CIDH. “Recordemos que es un tribunal internacional, que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”, dijo Contreras.
A través de esta comunicación, según Contreras, la CIDH hace un llamado general sobre las medidas necesarias, “obviamente tendrá que graduarlo la autoridad competente, que en el caso concreto tendría que hacerlo la Policía. Indicó Contreras que un caso extremo, podría significar la necesidad de la permanencia de oficiales en la casa de las víctimas hasta que se esclarezcan los hechos.
