La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, acogió la idea de que en el país sean regulados los cíber-cafés.
A criterio de la funcionaria, estos locales utilizados para la navegación cibernética, en el país se han convertido “en un lugar preferido de muchos delincuentes informáticos, gracias al anonimato que proporcionan”.
Pero José Ignacio López, quien dijo trabajó en el primer modelo de cíber-café en el país y es investigador del tema, estimó que al promover una legislación alrededor de estos locales se corre un riesgo de limitar la libertad de las personas.
“No olvidemos que pesa más el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión”, sostuvo López.
Morales consideró que para combatir el “cíber-delito”, las autoridades de la región enfrentan limitaciones de medios tecnológicos, así como de leyes y procedimientos, pues los mismos no están adaptados a la realidad.
Según López, este tema tiene que ver con reformas en la legislación de telecomunicaciones y consideró que “es un tema bastante complicado, pues no sólo es del acceso a internet, sino el derecho que tienen todas las personas de acceder a toda información, para sus propios beneficios”.
Recordó que una legislación alrededor de este tema tiene sus pro y sus contras. Mencionó experiencias de otros países donde, por ejemplo, se regula internet, lo que implica, entre otras cosas, la constante revisión de la correspondencia privada, para detectar si tiene alguna relación con el terrorismo.
López estimó que más bien lo que se tiene que hacer es diseñar políticas públicas que estimulen o fomenten el uso adecuado de esas tecnologías, lo cual no existe en el país.
DELITOS SEXUALES LIGADOS A TECNOLOGÍA
Morales fue una de las expositoras del foro regional sobre la investigación de delitos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, al cual asistieron policías y fiscales de la región.
Durante el foro, la funcionaria señaló que la lucha contra estos delitos está ligada al uso de la tecnología.
“Es necesario dotar de más medios y mejorar la formación a los jueces y a las fuerzas de seguridad”, dijo Morales, a la vez que valoró como positivo el encuentro, pues las experiencias adquiridas en otros países servirán para combatir ese delito.
“El delito de explotación sexual comercial infantil está ligado al delito telemático, al avance de la tecnología; es urgente que en nuestros países (…) la legislación tome en cuenta la modalidad de estos delincuentes, que nuestros jueces, fiscales y todos los operadores de justicia estén enfocados en este combate y nuestra sociedad esté consciente del flagelo”, sostuvo Morales.
El Fiscal General de la República, Julio Centeno, recordó que es la Policía a la que corresponde realizar las investigaciones nacionales, aunque a la institución que preside le corresponde hacer los trámites jurídicos.
No obstante, señaló que tanto de las autoridades de Gobernación como de parte de la Directora General de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, y de la institución que él dirige existe una disposición de insistir en estos casos para resguardar la protección de la niñez, adolescencia e incluso de las mujeres.
