Iván García, representante de la Coordinadora Civil (CC) ante el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes) acusó al diputado Gustavo Porras, nombrado también secretario adjunto de esa instancia y a Enrique Beteta, director general, de discriminar a la organización que representa, de las reuniones de junta de directores.
Para García, las reuniones efectuadas por la junta de directores, la que es conformada actualmente por 17 personas nombradas por el presidente Daniel Ortega mediante decreto ejecutivo, funciona de forma anómala, ya que no existe un principio de igualdad.
Esto porque anteriormente la junta de directores estaba integrada por doce miembros, de los cuales seis eran nombrados por el Presidente de la República, y los otros seis eran los presidentes de las comisiones, electos por el plenario del Conpes que señala es la máxima autoridad.
“Aunque es un decreto legal, auténticamente no es válido, porque está atentando contra el principio de la igualdad de condiciones”, expresó García, quien no descarta que se pueda recurrir de amparo por esa situación.
El representante de la Coordinadora Civil puso en duda, incluso, la legalidad del nombramiento del diputado Porras como secretario adjunto, cargo que al igual que el de director general fueron creados por el presidente Ortega.
PORRAS NIEGA SEÑALAMIENTOS
No obstante, el diputado Gustavo Porras, secretario adjunto del Conpes, negó ayer que ese organismo de consulta gubernamental haya excluido al representante de la Coordinadora Civil, y que su separación obedece a que esa instancia les informó que García ya no los representaba en el Conpes, aunque señaló que participan los representantes de otros organismos no gubernamentales adscritos al mismo.
“Parece que la Coordinadora Civil está revisando su representación, entonces hay que esperar que ellos decidan quién es su representación”, dijo Porras.
MUY ARROGANTE, DICE BETETA
Por su parte, Enrique Beteta, director general, dijo que García siempre que se ha comunicado con ellos, lo hace en “un tono muy arrogante, con mucha prepotencia; hay decretos donde se establece quiénes son los directores del Conpes para este período”.
Además, descarto los señalamientos de García de existir exclusiones, ya que explicó que se prioriza la participación de los gremios o sectores que tienen la mayor representatividad local.
“Estamos de cara a darle participación a la gente que tiene respaldo, que hay masas detrás de ellos, la preocupación aquí tiene que ser cómo salir de la pobreza en la que nos dejaron y cómo lo hacemos juntos”, indicó Beteta.
HACIENDO CUENTAS
Recordó que muchos de esos movimientos se unieron en alguna medida alrededor de planteamientos que se centraron en la Coordinadora Civil, y que originó el crecimiento de un aparato administrativo que llegó a tener más interlocución “que los que tienen mayor cantidad de gente, de alguna forma le están quitando representación local a la gente”.
Beteta informó que en este momento el ente fiscalizador realiza una auditoría no sólo en el Conpes sino también en el Consejo Nacional de Desarrollo (Conades), que fue unido a esa instancia de consulta, ya que creen que hay malversación de recursos.
“Lo que te quiero decir, es que si don Iván (García) era el enlace de la transición, a nosotros nos preocupa que se hayan gastado los (recursos de) tres plenarios y toda la plata de los viáticos, precisamente en el primer trimestre del 2007”, cuestionó Beteta.
Ese planteamiento fue respaldado por el diputado Porras, quien agregó que la Contraloría investiga a todas aquellas personas que formaron parte del consejo directivo del Conpes hasta el diez de mayo del 2007.
“Estamos esperando la auditoría, porque hubo gastos. Los viáticos de todo el año se fueron en los tres primeros meses, los plenarios se gastaron, entonces hay una auditoría que está revisando, porque yo no sé a Iván cómo se le cayó el zapote, lo nombraron representante ahí, entonces hay que esperar la auditoría”, observó Porras.
Otro cuestionamiento de Iván García, es que el Conpes debió haber convocado al plenario inaugural el pasado 15 de enero, como establece la ley, y en el transcurso del año al menos realizarse tres plenarios ordinarios, ya que corresponde efectuarlos cada tres meses, pero hasta el momento no fueron efectuados.
