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La Policía antimotines ha sido puesta en alerta máxima en el penal de Ciudad Barrios, 156 km al noreste de San Salvador, por el asesinato de tres reos, todos mareros. (LA PRENSA/AP/LPG)
Máxima alerta en penal salvadoreño
Martes negro: asesinan a tres reos pandilleros y asaltan camión blindado
SAN SALVADOR/AGENCIAS
Le caen a blindado y matan a guardia

Un grupo de desconocidos asaltó ayer en el noroeste de El Salvador un vehículo blindado que transportaba dinero de un banco, y asesinó a uno de los vigilantes de la unidad, confirmó la Policía

Una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo a Acan-Efe que al menos cuatro sujetos armados con fusiles M-16 interceptaron al vehículo en el centro de la ciudad de Chalchuapa, 78 kilómetros al noroeste de San Salvador.

En el hecho fue asesinado el vigilante de la unidad identificado como Manuel de Jesús Gómez, a quien le fueron arrebatadas dos bolsas de dinero.

La fuente policial no precisó la cantidad robada, sin embargo, medios locales han manifestado que el monto podría ascender a unos 100,000 dólares.

Paro de transporte

Dirigentes de los principales gremios del transporte público salvadoreño anunciaron el martes que realizarán un paro nacional para exigir al Gobierno un subsidio que les ayude a enfrentar los altos costos del diesel. Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), dijo que inicialmente el paro se efectuaría el lunes.

El asesinato de tres reclusos por miembros de su misma pandilla, en el interior de un penal del noreste de El Salvador, reavivó el martes la polémica sobre el hacinamiento del sistema carcelario que tiene capacidad para 7,300 presos pero que alberga más de 17,000.

“La muerte violenta de los tres pandilleros demuestra que la situación es gravísima y comprueba que el hacinamiento genera más violencia”, declaró a la AFP el coordinador del observatorio de asuntos penales de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Nelson Flores.

Para Flores, del hacinamiento “no se puede esperar nada bueno”, por lo que advierte que si las autoridades no adoptan medidas para “atenuar” el problema el saldo luctuoso seguirá.

Este martes, las autoridades de la Dirección de Centros Penales (DCP) confirmaron que tres pandilleros fueron asesinados por sus compañeros en el interior del centro penal de Ciudad Barrios, 156 km al noreste de San Salvador.

Tras las primeras investigaciones, el portavoz de la DCP, Alberto Uribe, comentó que se trató de un “ajusticiamiento” entre los miembros de la pandilla conocida como Mara Salvatrucha (MS), una de las más violentas del país.

Debido al incidente, la DCP decretó el “estado de emergencia”, que incluye encierro total y la suspensión de las visitas en el penal que alberga a 1,230 reclusos.

“El problema del hacinamiento es viejo, y lo más deplorable de fondo es que no se están impulsando programas de readaptación con los pandilleros, por eso el encierro genera más violencia y constitucionalmente no se cumple con el cambio de conducta de los internos”, declaró por su parte el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.

Para el dirigente de la CDHES, atribuir los incidentes en las cárceles a “ajustes de cuentas” entre los internos es ya “un cuento viejo”.

Para Flores, el ambiente de tensión en el penal de Ciudad Barrios era evidente, razón por la cual FESPAD junto a otra fundación intentaron impulsar un programa que, además de computadoras, llevó instrumentos musicales para formar un grupo musical, pero debido a disposiciones del director del reclusorio no se pudo desarrollar ningún taller.

AGUDA SUPERPOBLACIÓN DE PENALES

Según estadísticas oficiales, los penales salvadoreños acumulan el récord histórico de 17,417 reclusos, de los cuales 5,710 pertenecen a pandillas. Los reclusos se encuentran distribuidos en cuatro presidios.

Según el abogado de FESPAD, en el sistema carcelario salvadoreño existe una marcada diferencia entre el trato que reciben los reos comunes con el que reciben los pandilleros.

Tanto Montenegro como Flores coinciden en que se necesita una estrategia penal “integral” para afrontar “la crisis” penitenciaria.

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