Los reos de las cárceles de Bluefields, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), continúan en hacinamiento, pues las mismas sobrepasan la capacidad.
Un estudio realizado por la Universidad Bicu, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), indica que mientras las celdas tienen capacidad para 68 personas, a la fecha se encuentran 101 internos, 90 de estos son varones y 11 mujeres. La investigación fue efectuada entre octubre del 2006 a abril del presente año.
La directora en funciones, subprefecta María Salgado, confirmó el hacinamiento existente y dijo que actualmente son 110 los reos que permanecen en ese penal, cuando su capacidad es para 60 internos.
El estudio señala que debido a las limitaciones materiales, humanas, presupuestaria e infraestructura que enfrenta el penal de Bluefields, incide negativamente en el cumplimiento de los derechos y garantías de los privados de libertad.
El estudio señala que fueron entrevistados 47 de los privados de libertad.
“Como consecuencia gran parte de la población penal que debiera estar en el sistema penitenciario son rechazados y permanecen en las celdas preventivas de la Policía Nacional de Bluefields. Otra cantidad de privados de libertad son enviados a otros centros penitenciarios del país, principalmente al de Tipitapa y al de Juigalpa”, señala el estudio.
TODOS REVUELTOS
A través de la investigación se constató que no hay separación entre internos adultos con adolescentes, ni entre condenados con procesados, pese a que así lo establece la Ley 473, de Régimen Penitenciario.
“Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional manifestaron que los adolescentes privados de libertad guardan prisión en las mismas celdas de los adultos, y que la falta de cumplimiento de este precepto obedece a problemas de falta de infraestructura”, señala el estudio.
Uno de los señalamientos efectuados por los abordados en la investigación indica que no hay condiciones para las visitas conyugales, pese a que la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena establece que el Estado a través del sistema penitenciario deberá procurar locales especiales para las visitas conyugales de los reos.
“El 44.7 por ciento de las personas encuestadas afirmaron que en sus celdas se encuentran mezcladas las personas que ya han sido condenadas y personas que están siendo procesadas”, dice el estudio.
El artículo 39 de la Ley 473 y el artículo 178 del Código Procesal Penal establece que es responsabilidad del Estado garantizar estos derechos.
Y aunque según el estudio es en las celdas policiales “donde se vulnera el derecho constitucional que tienen procesados y condenados de estar separados”, refiere que esa es responsabilidad del Estado y no de ninguna de las dos instituciones, pues el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es la entidad que debe albergar a todos los privados de libertad, a excepción de los que están en prisión preventiva.
Un 53.3 por ciento de los internos recluidos en el penal de esa ciudad expresaron no haber sido informados del derecho a tener un defensor, y que en caso de no poder pagar los servicios de uno, el Estado le proporcionaría un defensor público.
A su vez, el 70.2 por ciento de las personas encuestadas manifestaron que no se les informó que tenían derecho a no ser obligadas a declarar contra sí mismos, ni contra su cónyuge o parientes.
CONDICIONES “INFRAHUMANAS”
Para la directora en funciones del SPN, subprefecta María Salgado, las condiciones existentes en ese penal son “infrahumanas”.
“No podemos decir que es prisión, esa es una estructura que no presta ni las mínimas condiciones para albergar a privados de libertad”, dijo la jefa penitenciaria.
Salgado mencionó que debido a esa situación existente, a los internos no los pueden clasificar, como lo establece la ley, pues por cárcel poseen un galerón que es donde albergan a los varones y en el caso de las mujeres cuentan con una celda.
Además ese penal no tiene un área de recreación para los internos, tampoco cuenta con una área para visitas conyugales, por lo tanto, dijo la jefa del SPN, no se les puede garantizar los derechos que por ley les corresponde, y únicamente les pueden autorizar las visitas de familiares.
La jefa en funciones del SPN mencionó que en esa penitenciaría enfrentan otro problema que consideró más grave, y que complica la situación de los internos, como es la contaminación del único pozo del agua que consumen en el lugar.
