Miami (AIPE)- El desmedido crecimiento del poder político aterra en países que se autodestruyen, como ocurre en Zimbabwe y Venezuela. Pero también es peligrosa la creciente y diseminada creencia que es función del gobierno imponer al ciudadano todo aquello que políticos y funcionarios consideran conveniente para la comunidad y la sociedad.
A lo largo de cuatro décadas he criticado el intervencionismo económico de políticos de izquierda, pero hoy también me asusta el intervencionismo piadoso de la derecha, en su guerra contra la inmigración, el cigarrillo, el licor, las drogas, la prostitución, alimentos que engordan y hasta mi adicción personal a automóviles que utilizan más gasolina de lo que se considera “políticamente correcto”. Hace poco el presidente Bush censuró nuestra “adicción” al petróleo, extraño planteamiento en boca de alguien que hizo gran parte de su fortuna en negocios petroleros en Texas.
Desde luego que los padres y familiares deben combatir tenazmente el mal comportamiento de niños y jóvenes que ignoran las consecuencias y peligros. Pero esa no es una función del gobierno ni de los políticos porque su injerencia siempre resulta contraproducente.
Nunca me gustó fumar; el cigarrillo hizo mucho daño a mi padre. Cuando mi esposa fumaba, le hice la guerra hasta que dejó de fumar y, felizmente, nuestros hijos no fuman. Pero ese es un problema familiar y no del gobierno que utiliza tal vicio para aumentar los impuestos, hasta el punto que un creciente número de fumadores ahora compran sus cigarrillos en internet.
En Estados Unidos, el gobierno federal ha pretendido promocionar y respaldar los “valores familiares”, pero hay un aumento explosivo de nacimientos fuera del matrimonio y de jovencitas que tienen hijos que no conocerán a sus padres. La tragedia es que el gobierno, en lugar de concentrarse en lo que realmente son sus obligaciones, trata de hacerlo todo y termina haciendo más daño que bien.
Es evidente que a nivel personal y familiar, lo que no funciona pronto desaparece porque ningún ser pensante está dispuesto a gastar tiempo y dinero en lo que fracasa. Pero a nivel oficial, lo opuesto suele suceder. Si no funciona, se aumenta el presupuesto y el número de burócratas para intentar que sí marche. Y como el costo de ese fracaso está diseminado entre millones de contribuyentes, no hay víctimas aparentes, mientras que los burócratas encargados del plan son beneficiarios directos y harán lo imposible por disimular fracasos y aparentar logros.
La mayor tragedia gubernamental de nuestros días es la guerra contra las drogas. Así como durante la Ley Seca (1920-1933) los gángsters no vendían vinos ni cerveza, ya que por volumen le ganaban mucho más al whisky y al licor, el consumo de marihuana tiende a bajar, mientras se dispara el consumo de drogas más fuertes y dañinas que dejan grandes utilidades a las mafias. Esas grandes ganancias atraen a los más pobres y menos educados, quienes jamás ganarían tanto dinero en actividades lícitas.
La guerra contra las drogas va a cumplir 40 años, ha causado 37 millones de arrestos en este país por delitos sin víctimas, cuadruplicando la construcción de cárceles (actualmente hay más de 2.2 millones de estadounidenses presos por drogas), cuesta 69,000 millones de dólares al año, pero no ha disminuido el consumo. Ese fracaso se trata de esconder aumentando el número de policías y redadas, a la vez que incrementando el presupuesto. Hasta hoy, los verdaderos logros de la guerra contra las drogas se limitan a disparar las ganancias de los narcotraficantes, promover el chantaje y la corrupción, como también financiar a guerrilleros colombianos, favorecidos con los altos precios causados por la prohibición.
