La Procuradora Especial de la Mujer, Débora Grandinson, lamentó que la propuesta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no haya sido tomada en cuenta por el parlamento, para incorporar en el nuevo Código Penal las muertes contra las mujeres como un delito autónomo.
Grandinson, quien en su propuesta dirigida a la Asamblea Nacional para la inclusión de una nueva figura delictiva, planteó que se redactara así: “Se le impondrá pena de prisión de treinta años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación, ya sea de matrimonio, unión de hecho estable o noviazgo, como resultado extremo de la violencia de género que ocurra tanto en el ámbito privado como el público”.
Agregó que esto comprende también aquellas muertes de mujeres a manos de su pareja, ex pareja o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales, violadores, así como de aquellos que traten de evitar la muerte de otra mujer y queden atrapados en la acción de feminicidio.
HUBO REUNIONES
Grandinson recordó que la propuesta remitida a los diputados del parlamento fue dirigida tras previas reuniones con las comisiones parlamentarias de Justicia y de la Mujer, sin embargo, conoció a través de los medios de comunicación, que lo calificado como feminicidio, es puesto como “un agravante de género”.
“Sin embargo, la misma palabra lo dice feminicidio tiene que ver con fémina, tiene que ver con mujer”, dijo Grandinson, aunque reconoció que es un logro al incluirse este tema en el Código Penal, “porque en todo caso a las que matan es a las mujeres no es a los hombres”.
Grandinson afirmó que en el transcurso del año han sido asesinadas 59 mujeres de forma violenta, todas de manos de sus esposos, ex esposos, compañeros, novios y ex novios, “acto que se denomina feminicidio”.
Tras señalar que también se ha denominado feminicidio a la impunidad del delito.
Irma Gutiérrez, de uno de los centros integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, dijo que en los últimos siete años han contabilizado 236 casos de mujeres asesinadas por sus cónyuges o ex maridos, los cuales han sido publicados en los medios escritos. Según dijo, los casos reportados por la Policía son menos.
Recordó Gutiérrez que al ser tipificados estos casos como homicidios, las penas máximas son de 21 años.
Las edades de las mujeres que fueron asesinadas durante ese período oscilan entre los 21 y 30 años, aseguró Gutiérrez.
“Consideramos que la violencia contra las mujeres constituye una problemática de seguridad ciudadana, que no respeta condición social alguna, no están tomando las medidas específicas para que las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar y doméstica puedan disfrutar de una vida libre de violencia, siendo Nicaragua suscriptor de convenios internacionales”, dijo la Procuradora Especial de la Mujer.
La funcionaria indicó que muchos de los crímenes registrados en el país son justificados, porque los consideran provocados por razones pasionales.
