La Asamblea Nacional de Venezuela concluyó el jueves el tercero y último debate del proyecto de reforma de la Constitución que le permitiría al gobierno del presidente Hugo Chávez durante los estados de excepción detener a ciudadanos sin cargos y censurar a los medios de comunicación.
La Asamblea completó oficialmente en la madrugada del jueves la reforma de la carta magna de 1999 tras aprobar 69 artículos en poco más de un mes, pese a que por ley tenían un plazo de dos años para hacerlo.
Para el martes fue diferida la aprobación de nueve de las 11 disposiciones transitorias. El proyecto final será entregado después a las autoridades electorales para que sea sometido a consulta popular el 2 de diciembre. Quedará aprobada en bloque si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos.
Con la reforma el mandatario podrá decretar los estados de excepción, sin límite de tiempo, suspender las garantías constitucionales tales como el derecho a la información, con excepción de las referidas al “derecho a la vida, y la prohibición de tortura, incomunicación y la desaparición forzosa, el derecho a la defensa y el no ser condenado a más de 30 años”. El período presidencial será extendido a 7 años.
Los críticos predicen que esta cláusula será utilizada para censurar a los medios informativos.
Algunos ejecutivos de medios, activistas de derechos humanos y los líderes de la Iglesia católica han elevado su preocupación.
Marino Alvarado, coordinador general de Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, expresó que la reforma implica “que te pueden detener simplemente porque te consideren sospechoso... (y) se dejó abierta fue la puertas para las detenciones arbitrarias masivas”.
La reforma crea condiciones “favorables para violaciones masivas de derechos humanos”, añadió.
Los legisladores oficialistas defienden la decisión de restringir el derecho a la información durante los estados de emergencia, alegando que durante el breve derrocamiento de Chávez en el 2002 se hizo evidente la necesidad de “reforzar” las medidas de protección del Estado. Chávez y sus aliados acusan a los medios privados de apoyar la fracasada rebelión.
“Restringir la información no es restringir el derecho del pueblo a estar informado”, dijo Amaral. “Se trata de evitar los abusos, los excesos”.
Entre los elementos relevantes del proyecto aprobado lo constituye también el establecimiento de un régimen político y socioeconómico de corte socialista, y de diferentes modalidades de propiedad que privilegiarán las que serán gestionadas por cooperativas y el Estado.
Chávez planteó originalmente el cambio de 33 de los 350 artículos de la Carta Magna, pero sus aliados en la Asamblea decidieron después anexar otros 36, luego de celebrar una serie de reuniones y recibir numerosas propuestas por parte del público.
Entre las nuevas cláusulas destaca amplios poderes al Presidente para crear nuevas regiones geográficas y fragmentar otras; control total sobre el Banco Central y administrar a su discreción las reservas internacionales.
El gobernante afirma que la reforma constitucional, redactada por una Asamblea controlada por partidarios del mandatario, traerán prosperidad y democracia. Sus adversarios los denuncian como un plan estatista y militarista para establecer una dictadura al estilo cubano.
