Los inversionistas toman en cuenta varios factores para decidir si van a invertir o no en un país determinado. Los tres principales son: primero, la existencia de oportunidades de negocios rentables; segundo, la seguridad jurídica; y tercero, el tipo de regulaciones en la actividad empresarial, o sea el régimen tributario, la obtención de licencias, el grado de protección de los intereses de los inversionistas, etc.

El más importante de esos factores es la seguridad jurídica. Las oportunidades se pueden crear y las regulaciones de la actividad empresarial son negociables, pero donde no existe seguridad jurídica es muy poco o nada lo que se puede hacer. Cuando hay inestabilidad en las reglas del juego o arbitrariedades en la aplicación de la ley —es decir, si la ley se aplica de manera distinta a dos situaciones iguales, si hay estándares dobles, tratos preferenciales, corrupción del sistema judicial y de los funcionarios de gobierno, tráfico de influencias, extorsiones, etc.—, el riesgo de país se dispara, la inversión se desploma y la consecuencia es el estancamiento de la economía y la pobreza generalizada.

En realidad, aunque existan amplias oportunidades de hacer negocios rentables y las regulaciones a la actividad empresarial no sean excesivas ni engorrosas, la percepción de un sistema judicial corrupto y de una situación de inestabilidad política, tiene consecuencias destructivas. Los inversionistas se van en busca de mejores condiciones y los pocos que se quedan, limitan el monto de sus inversiones. Además, el daño a la economía que resulta de la agresión a inversionistas extranjeros trasciende el retiro de sus capitales. Ellos van a compartir su experiencia negativa con otros inversionistas alrededor del mundo. Les van a contar que en Nicaragua los jueces irrespetan las leyes y los procedimientos; que están al servicio de mafias que se escudan en el Gobierno para extorsionar y robar. Y que si no se pagan las coimas o si se denuncian las extorsiones, fácilmente se puede perder todo e, incluso, ir a la cárcel.

Sin inversión de capital privado no hay crecimiento económico. Es así de simple. Es la inversión privada la que genera la gran mayoría de los empleos. Pero no sólo eso, sino que la inversión privada también produce los impuestos que recauda el Estado para pagar el empleo público. Sin trabajo, la gente no tiene dinero, sin dinero no hay consumo y sin consumo la economía se estanca. De tal manera que la relación entre seguridad jurídica y crecimiento económico es directamente proporcional. Costa Rica es un ejemplo cercano. Allí existe un sistema jurídico-político estable y predecible; las instituciones tienen una solidez histórica y hay cultura democrática. Esto la hace el destino más atractivo para los inversionistas de todos los tamaños. En Costa Rica, el derecho prevalece por encima de cualquier otra consideración. Los funcionarios judiciales actúan con independencia de los políticos de turno en el ejercicio del poder. El resultado final es que los costarricenses tienen un nivel de vida muchísimo más alto que el de los nicaragüen- ses y por eso muchos compatriotas emigran para allá en busca de un empleo que les permita mejorar su situación y la de su familia.

Las frecuentes reformas legales y constitucionales también crean inestabilidad e inseguridad, porque implican cambios continuos y repentinos de las reglas del juego. Cuando el FSLN y el PLC plantean reformas para cambiar el sistema de Gobierno, el país se sacude y los inversionistas se ponen nerviosos. Sobre todo porque se quiere hacer este cambio sin consultar al pueblo. En este sentido merece ser elogiada la resolución de 18 de los 25 diputados del PLC, en la que declaran estar dispuestos a respaldar la convocatoria de un referendo para la aprobación de las reformas constitucionales que pretenden cambiar el actual sistema de gobierno. Sólo seis diputados del PLC no firmaron, entre ellos, lógicamente, María Dolores Alemán y Wilfredo Navarro. Sin embargo, la gran mayoría de diputados del PLC ha hecho lo correcto.

La celebración de un referendo para que el pueblo acepte o rechace el cambio de sistema de gobierno en Nicaragua, reduciría la inestabilidad política del país y la desconfianza de las personas que invierten su dinero para hacer negocios y promover el desarrollo económico nacional.