Las 48 plantas energéticas provenientes de Venezuela no han ayudado a cubrir el déficit energético, y los apagones continúan.
Esa es la percepción de casi la mitad de la población, expresada en una encuesta realizada por la firma Cid-Gallup, entre el 5 y 11 de octubre pasado.
La consulta, hecha a 1,252 personas en todo el país, revela que el 45 por ciento de la población cree que las plantas no han hecho “nada” para aliviar el problema.
Este dato contrasta con el lejano once por ciento de los encuestados que considera que las plantas Hugo Chávez sí han ayudado mucho, y un 22 por ciento valora que han ayudado “poco”.
Sólo un 18 por ciento piensa que estas plantas han ayudado “algo” a disminuir la crisis.
Las plantas energéticas fueron compradas al Gobierno venezolano y empezaron a inyectar su capacidad de generación total de 60 megavatios al sistema eléctrico nacional, en diciembre del año pasado, en medio del secretismo gubernamental.
La alta discrecionalidad con que se ha manejado el caso, incluso, propició la intervención de la Contraloría General de la República (CGR), que pidió explicaciones al Gobierno sobre las condiciones bajo las que fueron adquiridas dichas plantas, pero hasta ahora no han sido despejadas.
PROBLEMA HEREDADO
Más de la mitad de la población encuestada dijo, además, que la crisis que Nicaragua enfrenta es heredada por las anteriores administraciones de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, entre 1990 y el 2006.
Los consultados de tendencia sandinista opinaron que el problema energético no es culpa del Gobierno actual. En esta categoría se ubicó el 53 por ciento de los participantes.
No obstante, un veinte por ciento piensa que la herencia proviene de la última presidencia de Daniel Ortega a finales de los años ochenta.
Mientras tanto, el veinte por ciento cree que el verdadero origen nació durante la última administración de Ortega.
Otro veinte por ciento dijo no saber la respuesta o no respondió a la pregunta.
La encuesta tiene un nivel de confianza del 95 por ciento y fue aplicada a adultos de 16 años y más, residentes en el país.
