En febrero del 2006 salió publicado en este
diario mi artículo titulado ¿Presidente Daniel Ortega?, analizando los diferentes escenarios electorales y vaticinando —lo que todos sabíamos era posible, pero todos alucinábamos no sucedería— la victoria de Ortega si las fuerzas antisandinistas no se unían. Hoy la pregunta que encabeza este artículo, aparentemente diferente sólo en forma, es sin duda de tanta o más trascendencia que la anterior.
Ante su evidente deseo de extender el período presidencial y el obstáculo para lograrlo debido a una clara prohibición constitucional, Daniel Ortega, tal como lo ha hecho su mentor Fidel Castro, como lo está haciendo su mecenas Hugo Chávez y como posiblemente lo harán Evo Morales y Rafael Correa, ha puesto en marcha una estrategia —disfrazada con subterfugios populistas— enfocada en preparar paulatinamente a la sociedad nicaragüense para tolerar su pretensión de permanecer indefinidamente en el poder. Pero, más original que sus colegas socialistas, Ortega parece decidido a utilizar una vía inédita en la historia política del país: transformar el actual sistema presidencial hacia uno de corte parlamentario.
Pese a no disponer de una mayoría parlamentaria suficiente para realizar la reforma constitucional que le permitiría reelegirse como presidente, el control que ejerce sobre el PLC a través de Arnoldo Alemán le permite contar con los votos necesarios para considerar el cambio al parlamentarismo como la opción más atractiva y expedita por tres razones fundamentales:
—Se podría lograr con una reforma constitucional con sólo los votos del FSLN y del PLC.
—Evitaría someterse a un sufragio nacional para reelección presidencial que seguramente perdería de enfrentarse a una oposición unida.
—En el remoto caso de obtenerla, sería en principio sólo por un período adicional de 5 años, contrario a una reelección indefinida como primer ministro.
El principal argumento esgrimido para justificar el parlamentarismo parece válido a primera vista. La evidencia histórica de que el sistema presidencialista ha sido fácilmente manipulado en detrimento de la estabilidad política del país y por consiguiente dañino a los intereses de la nación es incuestionable. A lo largo de su vida republicana, Nicaragua ha tenido que pagar y continúa pagando por esa manipulación un enorme costo social reflejado en constantes conflagraciones fratricidas y pobrísimo desarrollo económico. Pese a su privilegiada riqueza en recursos naturales, envidiable localización geográfica y constante respaldo de la comunidad internacional, el país continúa ocupando penosas posiciones en índices mundiales de pobreza, desarrollo económico, desigualdades sociales y educación y, en el extremo opuesto, lugares destacados en indicadores de corrupción y de censurable actuación del sistema judicial.
El sistema parlamentario en cualquiera de sus modalidades es un exitoso sistema político plenamente comprobado en sociedades de las más variadas características y niveles de desarrollo. Desde naciones del llamado primer mundo como Japón, Francia y Gran Bretaña, para nombrar unos pocos, hasta países de reciente formación y/o limitados recursos como algunas naciones miembros del CARICOM (Caribbean Community) han logrado envidiables niveles de crecimiento y estabilidad política raramente vistos en sistemas netamente presidenciales. Por lo tanto la adopción del parlamentarismo no debería ser rechazada de entrada como una alternativa incapaz de corregir fallas inherentes al sistema presidencialista y por lo tanto ser un aporte positivo para el país.
El problema es que en Nicaragua se considera hacerlo de una manera precipitada, inconsulta y notoriamente con malas intenciones. Precipitada porque antes de realizar esta transformación sin previamente reformar el proceso electivo de sus miembros, verdadera esencia del sistema, sería poner la carreta delante de los bueyes. Un cuerpo legislativo con diputados no electos directamente por voluntad popular y más bien por designios del caudillo de turno contradice y pervierte cualquier propósito para el que haya sido creado. Inconsulta porque una propuesta con semejante trascendencia para el futuro del país no puede ni debe hacerse sin el pleno conocimiento y aprobación de la ciudadanía. Malintencionada porque el propósito escondido no es para beneficio del país, sino para que una o dos personas se perpetúen en el poder.
Es por consiguiente obligación de la sociedad nicaragüense impedir a toda costa que una vez más los intereses de políticos inescrupulosos prevalezcan sobre los intereses de la nación. Salvo que se realice —precedido de una reestructuración del Consejo Supremo Electoral— el indispensable plebiscito y la reforma al sistema de elección de los miembros del parlamento, semejante transformación no debe permitirse. Es también de ineludible responsabilidad de las actuales fuerzas políticas antiorteguistas, incluyendo al propio PLC, el unirse monolíticamente y exigir que se cumplan estas condiciones antes de proceder con ese peligroso proyecto. Diez meses de Ortega en la Presidencia son testimonio suficiente para trabajar en asegurarnos de que su período presidencial termine tal y como constitucionalmente fue concedido: no más allá del 10 de enero del 2012.
