Aún después de que ya existen personas culpadas por el asesinato del comisionado Manuel Guillermo Obando, todavía existen vacíos sobre las circunstancias de su muerte, los cuales fueron planteados por los abogados defensores de los cuatro jóvenes procesados, quienes manifiestan que la Policía no investigó bien el crimen.
Luis Miguel Ordóñez Leiva, de 19 años y Héctor Antonio Aragón Roa, de 22, ambos vecinos de la víctima, fueron declarados culpables directos del asesinato del comisionado Obando, por el juez Octavo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Tomás Eduardo Cortez.
El mismo judicial declaró culpable por encubrimiento a Cristian Armando Rivas Morales, de 25 años, mientras que un tribunal de jurado responsabilizó por la misma fechoría a Milton Leonardo Rayo Miranda, de 31, alias “El Pelón”.
Para los abogados defensores, entre ellos Elvin Morales Barquero y Sergio Zamora, la proyección en el juicio de un vídeo en el que Aragón y Ordóñez confiesan haber cometido el crimen, e involucran a Rivas y Rayo, fue lo que inclinó la balanza en contra de los procesados, pues pruebas directas que los incriminara a los cuatros nunca existieron durante el proceso.
Aragón y Ordóñez, al final del juicio que culminó ayer por la madrugada, indicaron que la Policía los obligó a declarar en contra de ellos mismos y de Rivas y Rayo, utilizando medios de presión sicológica.
El vídeo muestra a los jóvenes sólo de los hombros hacia arriba, pero no se ve quién les entrevista ni si realmente estaba presente durante la confesión la Fiscal asignada para el caso, Grethel Fernández, lo cual fue atacado por los defensores.
El juez Cortez consideró que la valoración de las pruebas aportadas por la Fiscalía desvirtuó la presunción de inocencia de los acusados.
Morales Barquero centró sus alegatos en que su defendido fue presionado a declarar en contra de sí mismo, a pesar de que los investigadores policiales dejaron constancia de que fue Ordóñez Leiva quien de su espontánea voluntad quiso confesar la comisión del delito.
MóVIL: EL ROBO
Ordóñez y Aragón Roa narraron con lujo de detalles cómo dieron muerte al comisionado Obando, el pasado sábado 7 de julio, mientras dormía en su habitación, con el objetivo de robarle varias tarjetas de crédito, de las cuales los acusados se enteraron a través de los hijos varones del comisionado, Edgard Emir y Guillermo Manuel Obando Reyes.
También revelaron cómo contactaron a Rayo Miranda y Rivas Morales para que les ayudaran a vender el carro que le robaron al comisionado Obando.
La Fiscalía presentó 27 testigos en contra de los acusados y abundantes pruebas periciales y documentales, pero aún así los defensores alegaron que había irregularidades en el proceso de investigación del delito.
Por ejemplo, nunca se dijo a quién pertenecían las huellas dactilares y 12 cabellos encontrados en el vehículo del comisionado Obando, un Toyota Yaris blanco. Tampoco se explicó por qué la Policía no encontró la colchoneta de la víctima el mismo día en que se descubrió el cadáver del policía, el pasado jueves 12 de julio en el kilómetro ocho y medio de la Carretera Nueva a León, si se encontraba a poco más de 100 metros de distancia.
Aleyda Aragón Roa, hermana de Héctor Antonio, aseguró que las familias de los acusados continuarán luchando para demostrar la inocencia de los acusados y revelar las verdaderas circunstancias del crimen.
“Teníamos esperanza de que el sistema legal hubiese cambiado, pero este juicio no fue justo por las ilegalidades que se dieron. Usted vio hacia quién apuntaban las declaraciones de los testigos”, expresó Aleyda Aragón.
ALEGAN INOCENCIA
Los acusados tomaron la palabra en la última parte del juicio y se declararon inocentes.
“Yo soy inocente. Pido a usted señor juez que evalúe mi caso, que es injusto y pido mi libertad”, expresó Rivas Morales cuando se le concedió la palabra al final del juicio.
“Soy inocente, no tengo nada que ver en ese hecho. Antes de ese vídeo (presentado en el juicio) me habían golpeado. Me dijeron lo que tenía que hacer. Me dijeron que mi padre estaba preso y que mi esposa estaba en el patio (de la Dirección de Auxilio Judicial). Un oficial Orozco me puso una pistola en el cuello”, manifestó Aragón, quien agregó que el oficial le hacía referencia a Luis Ordóñez y Manuel Obando (hijo mayor de la víctima).
“Me declaro inocente. Esa entrevista a mí me la hicieron obligado. Me decían que mi papá estaba en el hospital y que mis padres iban a quedar detenidos. Confío en usted señor juez”, declaró por su parte Ordóñez Leiva.
El fiscal Arnulfo López pidió al juez que tipificara el delito como robo con violencia con resultado de muerte, puesto que la primera intención de Ordóñez y Aragón era robarle tarjetas de crédito a la víctima y producto de esa acción fue que le quitaron la vida con un cuchillo y una navaja. El delito, según el Código Penal vigente, se castiga con una pena de entre los 21 y 30 años de cárcel.
El fiscal López pidió la pena máxima de 30 años para los acusados Aragón y Ordóñez y la pena mínima de 21 años para Rivas y Rayo, por ser encubridores y no autores.
El juez Cortez leerá sentencia a las 2:30 p.m. del próximo miércoles 24 de octubre.
