Amenazado derecho a la información La suspensión del derecho al debido proceso judicial y el derecho a la información durante los estados de excepción es el aspecto más polémico de la reforma constitucional de corte socialista, que actualmente tramita el Parlamento venezolano en tercera discusión. El presidente Hugo Chávez introdujo en el Poder Legislativo en agosto pasado una propuesta para reformar 33 artículos de la Constitución de 1999 con el fin de establecer el socialismo “bolivariano”. A ese paquete se suman otros 25 artículos que la Asamblea Nacional —Congreso unicameral— modificó en segunda vuelta, entre ellos el artículo 337 que reglamenta el estado de excepción y la posibilidad de ejercer el voto a los 16 años. Con la reforma constitucional, el artículo 337 queda redactado de la siguiente forma: “El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. En tal caso, podrán ser restringidas o suspendidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas al derecho a la vida, la prohibición de tortura, incomunicación y la desaparición forzosa”. Cuando el Poder Legislativo apruebe todos los artículos de la reforma constitucional transcurrirá un plazo inferior a 30 días para que el árbitro electoral venezolano convoque una consulta popular, prevista inicialmente para el 2 de diciembre.

Antidemocrático “Es un hecho comprobado que dentro de un Estado democrático pueden existir partidos socialistas y gobiernos socialistas. En cambio, en un Estado socialista, tal como se propone en Venezuela, toda la actividad política, social, económica y cultural se encuadra dentro de una única opción, un pensamiento único”, señaló monseñor Diego Padrón, Arzobispo de Cumaná.

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y grupos de derechos humanos se sumaron este viernes a las críticas contra la reforma constitucional de corte socialista que impulsa el presidente Hugo Chávez.

La Iglesia venezolana presentó un documento en el cual destaca que la propuesta constitucional “limita la libertad de los venezolanos, incrementa excesivamente el poder del Estado, elimina la descentralización, y el Gobierno controla muchísimos espacios de la vida ciudadana”.

Chávez introdujo en el Parlamento en agosto una propuesta para reformar 33 artículos de la Constitución de 1999, a los que el Poder Legislativo añadió la modificación de otros 25.

El partido progubernamental Podemos —acusado por el mandatario de “traición”—, denunció la “inconstitucionalidad” de esta iniciativa de la Asamblea Nacional, que suprimió el derecho al debido proceso y el derecho a la información durante los estados de excepción.

Con la Constitución reformada, que será un libro rojo en lugar del azul de la llamada “Bolivariana”, se propone la reelección sin límite de veces para el Presidente y un mandato de siete años, en lugar de seis.

Chávez también quiere un nuevo ordenamiento político-territorial, la creación del Poder Popular —no electo— a través de las comunas populares y un sistema económico mixto con nuevos tipos de propiedad, que si bien reconoce la propiedad privada no la estimula.

Monseñor Diego Padrón, Arzobispo de Cumaná (300 km al este de Caracas), leyó el documento en la sede de la CEV, que afirma que todos estos cambios “acentúan la concentración de poder en manos del Presidente” y “favorece el autoritarismo”. Padrón agregó, entre citas del Papa Benedicto XVI, que las modificaciones introducidas “van más allá de una reforma” porque se propone un “Estado socialista”, contrario a los “principios de la actual Constitución”.

“La implantación de un Estado Socialista es excluyente, e implica el cese del pluralismo y de la libertad política”, señaló Padrón.

Además de la Iglesia católica, otros grupos de Derechos Humanos criticaron algunas de las propuestas para reformar 58 artículos de la Constitución de 1999.

Héctor Fagúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central, señaló que eliminar los derechos al debido proceso y el derecho a la información durante los estados de excepción es incompatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuyo artículo 27 señala que no se pueden suspender las garantías judiciales indispensables.

Otras organizaciones de derechos humanos como Cofavic —una ONG que nació después de las jornadas violentas de El Caracazo en 1989—, Provea, Foro por la Vida y Espacio Público expresaron posiciones similares.

En el exterior, las organizaciones Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras expresaron también su preocupación.