El ejemplo de los usuarios de

transporte que se organizaron en Jinotepe, Carazo, para velar por sus derechos como ciudadanos que pagan un servicio que ponen en el mercado dueños de empresas o cooperativas de buses, es un ejemplo a seguir en Managua para contener los abusos y actos homicidas de los transportistas.

Es una excelente iniciativa de los jinotepinos y cosas como estas son las que también deberían impulsar esas organizaciones que se dicen llamar representantes de la Sociedad Civil.

Estos organismos de la Sociedad Civil deberían de velar verdaderamente por las necesidades de los ciudadanos y no sólo esperar o gestionar financiamiento ante gobiernos u organismos extranjeros para hacer política y arengar en las calles de Managua y algunos departamentos del país. Si los gobiernos u organismos extranjeros quieren ayudar, que sea para bienestar social y no para andar politiqueando.

Ya que ni el Gobierno, ni los partidos políticos, ni los organismos de la Sociedad Civil, ni las instancias que supuestamente defienden al consumidor, se interesan en ponerle frenos a las zanganadas de los negociantes del transporte en Managua y los departamentos, la ciudadanía debe tomar nota de lo que se hizo en Jinotepe y hacerlo extensivo a todas las ciudades del país.

Hay personas notables en Managua y los departamentos que podrían dirigir una organización de ciudadanos para establecer distintas comisiones o formas de enfrentar a los buseros y luego, por ejemplo, documentar una serie de demandas en la vía civil y/o acusaciones o denuncias en la vía penal contra este sector que se ha convertido en el azote de los usuarios.

Cuando escucho hablar a los políticos sobre las reformas constitucionales y que quieren pasar del presidencialismo al parlamentarismo, me pregunto: ¿en ese cóctel político que están preparando estará incorporada la solución a problemas como el relajo del transporte en Managua y los departamentos? ¿Incorporarán y dejarán establecido como mandato constitucional la solución al problema de la energía? ¿Priorizarán la salud, la educación o la seguridad ciudadana de los nicaragüenses?

Hasta el momento, por lo que he sabido, nada de esto le interesa a los políticos y no tienen el mínimo interés en resolver sensibles problemas sociales y económicos que sí importan a los ciudadanos.

Lo cierto es que no es propio de personas honestas cobrar por un servicio de pésima calidad, donde maltratan al usuario y hasta ponen en peligro la vida no sólo de los mismos, sino la de otros conductores y peatones. Esto es propio de personas con perfil delincuencial y eso de alguna manera se tiene que ir terminando. Los empresarios del transporte urbano colectivo no merecen más oportunidades. Realmente son un flagelo más que una solución a la necesidad de los nicaragüenses.

Un gobierno consciente de este problema debería retomar el transporte bajo su mando u ofrecer las licencias a otros empresarios que sí brinden un servicio excelente. ¿Que subirá el transporte? Sí, como sube cualquier servicio privado. ¿Que los buseros con el perfil antes descrito protagonizarán disturbios? Sí, pero para eso está la Policía Nacional para resguardar el orden y si es rebasada, está el Ejército de Nicaragua para reforzar cualquier intento criminal. Pero esto debe terminar.