Tres años han pasado desde que se aprobó la Ley de Carrera Judicial, pero los magistrados no la reglamentan y los ascensos en el Poder Judicial siguen dándose por lealtades partidarias.
Desde hace un mes se estancó en la Corte Plena la discusión de la normativa, que establece los parámetros para seleccionar a los funcionarios judiciales por méritos y a través de concurso.
Esta situación es la que motivó a los jueces, magistrados de los Tribunales de Apelaciones y secretarios de Actuaciones de todo el país a marchar hoy hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un informe de prensa de la Dirección de Prensa de los juzgados de Managua, indica que la medida es para exigir la inmediata aprobación de la normativa que reglamentará la Ley de Carrera Judicial.
“Consideramos que a estas alturas no hay nada más que discutir y sólo cabe su aprobación”, señaló el presidente nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), magistrado Carlos Padilla Narváez, según cita la nota de prensa.
La magistrada de la CSJ, Ligia Molina Argüello, advirtió que el Poder Judicial podría perder el apoyo de los donantes internacionales por la falta de aprobación de la normativa y el Código de Ética del Poder Judicial.
“La aprobación de la normativa busca garantizar el nombramiento de los jueces conforme concurso y oposición, observando los requisitos que debe tener un funcionario judicial para desempeñar el cargo. En tanto, el Código de Ética busca promover la transparencia del funcionario”, señala la información.
La magistrada Molina atribuyó la falta de aprobación de la normativa y el Código de Ética (que llevan dos y un año respectivamente esperando ser aprobados) a la falta de voluntad de parte de algunos magistrados judiciales.
“Cada vez que se convoca a Corte Plena con ese objetivo se salen de las reuniones; se ausentan alegando estar fuera del país o tener que cumplir otros compromisos”, señaló la magistrada.
En cuanto al Código de Ética, la magistrada indicó que algunos se oponen a la aprobación, alegando que es inconstitucional porque regularía la conducta de los magistrados de la CSJ, “pero eso podemos discutirlo y si es necesario omitirlo lo omitimos, pero que no sea el punto para obstaculizar la aprobación del Código”.
En la elaboración del Código de Ética se han utilizado unos 41 mil dólares entre fondos del BID y de la CSJ.
Luis Enrique Gutiérrez, secretario general del sindicato Justo Rufino Garay de los juzgados de Managua, dijo que los trabajadores respaldan la aprobación de la normativa, pero también demandan el cumplimiento del convenio colectivo, que contempla la clasificación de los cargos y salarios.
