Sin crecimiento económico no es posible el desarrollo humano; pero la economía de un país puede crecer sin que necesariamente se produzca desarrollo, pues este sólo se da si la riqueza generada es distribuida más equitativamente por medio del ejercicio del buen gobierno. El desarrollo no es algo que se logra con decretos ni consignas sino con el esfuerzo consensuado de las fuerzas vivas de la sociedad —partidos políticos, sociedad civil, empresa privada, medios de comunicación— trabajando armoniosamente con el Estado. La adopción de un determinado sistema político tampoco genera desarrollo por sí mismo. Por ejemplo, a pesar de que el discurso político de los regímenes socialistas fue y sigue siendo la promoción de la equidad social manifestada en el acceso masivo a la tierra, la educación y la salud, en la mayoría de los experimentos de este sistema en el siglo XX, dicha equidad no se produjo. Al contrario, se mantuvo una clara división económica entre la nomenclatura o clase política enriquecida y el resto del pueblo empobrecido. El sistema socialista —chino o cubano— no terminó con la pobreza ni el subdesarrollo ni la injusticia. Incluso, hoy día, después de casi cincuenta años de que Fidel Castro impuso el socialismo en su país, las opciones humanas de un ciudadano costarricense son mucho más amplias que las de un cubano.
Según las Naciones Unidas, algunos de los factores que determinan la forma en que el crecimiento contribuye al desarrollo humano son: (1) equidad. Cuanto mayor sea la igualdad con que se distribuye el Producto Nacional Bruto (PNB) y las oportunidades económicas, tanto más probable será que se traduzcan en un mejoramiento del bienestar humano; (2) oportunidades de empleo. El crecimiento económico se concreta en la vida de la gente cuando se le ofrece trabajo productivo y bien remunerado. Una manera de lograrlo consiste en procurar pautas de crecimiento con gran densidad de mano de obra; (3) acceso a los bienes de producción. Las oportunidades económicas de mucha gente se ven obstaculizadas por falta de acceso a los bienes de producción, en particular, la tierra, infraestructura física y el crédito financiero; (4) gasto social. Los gobiernos y las comunidades pueden influir en gran medida en el desarrollo humano, encauzando una parte importante del ingreso público hacia el gasto social más prioritario en particular mediante la prestación de servicios sociales básicos para todos; (5) igualdad de género, es decir, brindar a la mujer mejores oportunidades y mejor acceso a la enseñanza, a guarderías infantiles, crédito, empleo, etc. La inversión en el aumento de la capacidad de la mujer y en su potenciación para que ejerza sus opciones es la manera más segura de contribuir al crecimiento económico; (6) políticas de población. La educación, la salud y la supervivencia de la infancia contribuyen a reducir la fecundidad, con lo cual se crean las condiciones para un crecimiento más lento de la población y un menor costo a largo plazo de la educación y salud; (7) buen gobierno. Cuando quienes detentan el poder asignan gran prioridad a las necesidades de toda la población y cuando la gente participa en la adopción de decisiones en muchos niveles, es probable que los vínculos entre crecimiento económico y bienestar sean más sólidos y duraderos.
La preocupación ciudadana con respecto al gobierno de Daniel Ortega se basa en al menos tres factores. Primero, que con sus políticas equivocadas no está propiciando el crecimiento económico del país sino que, al contrario, ha creado un clima de inestabilidad y de inseguridad que ya está desviando inversiones hacia otros países. Sin crecimiento de la economía no habrá desarrollo. Segundo, carece de un plan nacional de desarrollo coherente y unificador, ha ido aislándose y actuando unilateralmente y con autoritarismo pensando tal vez que el Estado puede por sí y ante sí, crear riqueza y distribuirla con justicia. Tercero, que Ortega ha preferido fortalecer su pacto político con el líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán, con el fin de perpetuarse ambos en el poder. En conclusión, Daniel Ortega no está haciendo lo correcto para terminar con la pobreza y el subdesarrollo porque su agenda no está ordenada en base a los intereses nacionales sino a los familiares y partidistas.