Contraloría notifica a alcaldías Los contralores aprobaron la semana pasada notificar a todas las alcaldías del país, que no continúen solicitando “exclusiones de procedimiento”, porque esa función le compete a cada municipalidad. Para los contralores esto significa la disminución en su carga laboral entre el nueve y diez por ciento aproximadamente, según cálculos del contralor Lino Hernández Trigueros, vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR). Hernández consideró que esta ley es positiva porque la CGR, al tener esta función, se había convertido en “juez y parte” porque primero autorizaban las exclusiones de procedimiento, y luego revisaban si se emplearon correctamente. El contralor no descartó que continúe la corrupción en las contrataciones directas y que además se pueda fomentar la falta de planificación. Para evitarlo, consideró importante que la Ley de Contrataciones Municipales se complemente con normas técnicas de control interno a través de unidades de auditoría. Valoró que la transparencia de parte de las municipalidades “es todo un reto” en este nuevo escenario, pero también recordó que tienen la obligación de respetar la Ley de Probidad. El contralor consideró necesaria la capacitación a las municipalidades sobre esta ley, que también contempla sanciones para los funcionarios.

En Managua La Contraloría, en el primer semestre de 2007, ha autorizado cinco compras directas de bienes y servicios a la Alcaldía de Managua, por el orden de 28 millones de córdobas. El alcalde Dionisio Marenco dice que ese monto no supera el cinco por ciento de su presupuesto.

El 25 de septiembre pasado entró en vigencia la Ley de Contrataciones Municipales. Esta disposición legal deroga la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado para los municipios.

Se otorga autonomía sobre las adquisiciones de bienes y servicios y da libertad para determinar cuándo hacer o no un proceso de licitación en la compra de productos o servicios.

Un especialista en Derecho Municipal considera que esta ley podría ser una fuente de corrupción, tráfico de influencias y probables malos manejos de la administración pública en los municipios.

“Con esta ley se podría estar favoreciendo el desorden, el despilfarro y la no transparencia de los procesos de compra en los municipios”, dice Gabriel Álvarez, catedrático en maestrías en Derecho Municipal.

“(La Ley) no es saludable porque no hay una sistematización de la ley de contrataciones estatales. Debieron haber hecho una nueva ley de contracciones y dedicar un capítulo exclusivo a los municipios”, agregó el especialista, quien ve hendijas por donde se puede colar la corrupción.

Una de esas hendijas es el artículo cuatro de la ley, donde se le otorga a los concejos municipales la facultad de autorizar compras de productos o servicios de forma directa, sin licitación.

Aunque esa parte de la ley está vinculada a situaciones de emergencia, “se presta a otras interpretaciones que puedan hacer los concejos municipales”, señaló.

“No es una legislación dirigida a fortalecer controles, más bien es una ley dirigida a favorecer manejos irregulares de fondos”, dijo Álvarez.

LUZ VERDE A COMPRAS

La ley excluye de los procedimientos las adquisiciones que financie la cooperación externa. Se excluyen las compras de caja chica; las contrataciones entre municipios y con instituciones estatales.

También se faculta a los concejos municipales autorizar la realización de compras directas, sin licitar.

Hasta la entrada en vigencia de dicha ley, que deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en los próximos días, las autorizaciones para la contratación directa en montos mayores al millón de córdobas estaba a cargo de la Contraloría General de la República (CGR).

AMUNIC: “ES PERFECTA”

El presidente de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), Dionisio Marenco, dijo que la ley es perfecta, porque acelerará los procesos de compras en los municipios y destrabará los proyectos que se atrasan por los engorrosos trámites que contiene la actual Ley de Contrataciones del Estado.

Según Marenco, con esa ley se está fortaleciendo el poder local y la autonomía administrativa y financiera de que habla la actual Ley de Municipios.

“Yo creo que está preparado todo el mundo para eso. El problema es que la Ley de Contrataciones del Estado es demasiado engorrosa. Están hechas para que no se trabaje. De hecho cuesta muchísimo hacer una obra. Es un trabajo que no tenés idea. Se gasta mucho tiempo y dinero. Le ley actual es pésima en mi opinión, espantosamente horrible, y esta nueva Ley de Contrataciones Municipales, va a acelerar los procesos de compra”, opinó Marenco.