En nicaragua, la Corte Suprema de Justicia aún no ha fallado varios recursos de inconstitucionalidad que fueron oportunamente interpuestos contra la ley creadora del Colegio de Periodistas. Sin embargo este hasta ahora no aplica el artículo de la obligatoriedad de pertenecer al Colegio, para ejercer la profesión de periodista y sus directivos alegan que la colegiación no es obligatoria, pero en la ley claramente se estipula que sólo los periodistas pertenecientes al Colegio pueden ejercer el periodismo.
Por otra parte, la Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada en la Asamblea Nacional después que se venía discutiendo desde hace varios años en el Poder Legislativo. Respecto a la aprobación de esta ley, los representantes de los organismos que han cabildeado a su favor, como la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua y el Centro Carter de Estados Unidos, la calificaron como positiva en lo general, pero lamentaron los últimos agregados que se incluyeron en el artículo 46, en el que se pretende regular el ejercicio del periodismo.
El artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en su segundo párrafo dice así: “El ejercicio de este derecho de acceso (a la información) se realizará de manera responsable, proveyendo información de interés público a la colectividad de carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, el diputado liberal José Pallais, por un lado, y el coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro Rivera, por otra parte, rechazaron que exista una regulación al periodismo con la aprobación del artículo 46, el cual recibió el respaldo de 67 diputados, frente a una abstención y a otros 18 legisladores que ni se abstuvieron ni votaron a favor ni en contra, sólo estuvieron presentes.
“Esto no es un invento de la Asamblea Nacional, es un artículo contemplado en la ley modelo (de la Organización de Estados Americanos) que inspira a todos los países miembros del sistema interamericano. No trata de regular, porque no establece ninguna obligación coercitiva, es decir que no hay ninguna coerción que sancione a quien no cumpla con esa norma”, alegó Pallais. Y agregó: “Creo que se ha leído mal, no regula en ningún momento, se le hace un llamado a la responsabilidad de la información, de la que todos somos responsables, (…) no creo que los medios de comunicación no estén de acuerdo en que se legisle a favor de la responsabilidad con la información”.
En otro artículo quedó clasificada buena parte de la información que genera el Ejército, aunque su comandante en jefe declaró que nada es secreto, ya que tanto la compra como la destrucción de armamento tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional.
Por otro lado, los diputados pusieron una lápida a la posibilidad de que los patrimonios de los funcionarios sean del conocimiento público, al estipular en el artículo 19 que ese tema queda bajo lo que dice al respecto la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que hace las declaraciones de los funcionarios una información “no pública”. De esa manera, la Ley de Acceso a la Información Pública establece en los artículos 4 y 19 que la situación económica de los funcionarios es privada y está amparada en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.
El gobierno de Daniel Ortega, hasta esta fecha (5 de octubre) sigue sin publicar el Reglamento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 16 de mayo. El Poder Ejecutivo debió publicar dicho Reglamento en La Gaceta, en julio pasado, pero ya han pasado dos meses sin aplicar esa medida. El Grupo Promotor de la ley, al cual pertenece la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, envió desde el pasado 15 de agosto una propuesta de reglamento al departamento de Asesoría Jurídica de la Presidencia, pero no obtuvieron respuesta.
Cabe mencionar que el Gobierno de Daniel Ortega mantiene sus actos de Gobierno bajo el secretismo, llegando al colmo de despedir a la Ministra de Cultura Margine Gutiérrez y anular el nombramiento del Embajador designado por Nicaragua a Francia, el sociólogo Oscar René Vargas, porque ambos ofrecieron entrevistas al Diario LA PRENSA. Vargas declaró posteriormente “que valía más su libertad que París”.
Y lo que es más grave, hay una prohibición a los periodistas de LA PRENSA de cubrir ciertos actos oficiales. Este secretismo ha estado acompañado por ataques a los medios independientes, especialmente a LA PRENsa y al Canal 2 de Televisión. Además la publicidad estatal sigue congelada, sólo se ve en medios del partido o muy afines a su gobierno y en rótulos de carretera.
En la reunión de medio año, en Cartagena, informamos que el Presidente Ortega firmó el 1° de marzo de este año un documento con el Colegio de Periodistas, en que se comprometía entre otras cosas a hacer una distribución justa de publicidad estatal en donde se favorecerá a los pequeños y medianos medios y en último lugar quedarán los grandes medios. Hasta la fecha el Presidente no ha cumplido este compromiso y el Colegio de Periodistas le envió una carta para tratar el asunto, la que no ha sido contestada. Los periodistas de la APN están haciendo plantones de protesta todos los viernes de cada semana.
Miguel D'Escoto, ex canciller y asesor presidencial en relaciones internacionales del presidente Daniel Ortega, se unió al esfuerzo de atacar a los medios independientes al decir que “los de LA PRENSA estarían en el otro mundo” si en Nicaragua existieran la pena de muerte y el delito de traición a la patria, como en Estados Unidos. D´Escoto acusó a LA PRENSA de haber jugado un “papel nefasto” en los años ochenta y pretender continuarlo ahora.
“Si en Nicaragua existiera una tipificación del delito de alta traición a la patria, lo cual no existe, y si en Nicaragua existiera además la pena de muerte, en Estados Unidos existe la tipificación del delito de alta traición y también existe pena de muerte, por inyecciones letales, sillas eléctricas o cámara de gas, si en Nicaragua hubiera eso todos los de LA PRENSA ya se hubieran ido al otro mundo hace mucho tiempo”, aseguró D'Escoto, quien también llamó a El Nuevo Diario “el nuevo diario antipatriótico” y lamentó su sesgo “antidanielista”.
Con referencia a la prohibición para los periodistas de LA PRENSA de cubrir eventos oficiales, el reportero de este diario, Oscar González, fue excluido de cubrir un evento público de la Misión Milagro que la Embajada venezolana en Nicaragua llevaba a cabo en el Aeropuerto Internacional de Managua. Este evento formaba parte de los acuerdos del Alba firmados entre Nicaragua y Venezuela, pese a que LA PRENSA había sido invitada al mismo por la embajada de Venezuela. Otros medios de comunicación entraron sin contratiempos, pero un miembro de la seguridad interna del aeropuerto impidió la entrada de González aduciendo “orientaciones superiores”.
En febrero de 2005 se reformó el Arto. 68 de la Constitución Política de la República que exonera de todo tipo de impuesto al papel, la maquinaria, equipo y refracciones para los medios de comunicación. Al artículo reformado sólo se le agregó una cola que dice: “La Ley Tributaria regulará la materia”.
Al mismo tiempo se reformó el artículo 17 de la Ley 528 o Ley Tributaria. Esta reforma no regula las exoneraciones sino que las limita a un porcentaje de los ingresos declarados de cada medio de comunicación, siendo este porcentaje el 2.5 por ciento para medios grandes y 5 por ciento para los pequeños. Esta reforma se conoce como “Ley Arce” porque el ex diputado Bayardo Arce fue su promotor.
Varios medios de comunicación escritos, radiales y televisados, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado a mediados del 2005, por la razón que la ley no regulaba sino que reformaba el mandato constitucional, además de otras consideraciones de procedimiento, como el hecho de que la aprobación de la ley se dio antes que la reforma constitucional fuera promulgada.
El entonces presidente Enrique Bolaños, considerando válidos los argumentos de inconstitucionalidad de la “Ley Arce”, le ordenó a la Dirección de Aduanas no cobrar los impuestos, pero instruyó que los medios firmaran compromisos de pagos mientras se resolvía el recurso en la Corte Suprema.
Los medios gestionaron en la nueva legislatura varias leyes para fortalecer la libertad de prensa, entre las que se pidió una nueva ley que derogara la Ley Arce, y regulara la maquinaria e insumos que deberían estar exonerados. Estos proyectos de leyes tuvieron buena acogida entre la mayoría parlamentaria, o sea todos los partidos representados en la Asamblea Nacional, menos el partido sandinista.
Una vez que el proyecto de ley entró a comisión en el mes de agosto, la Dirección General de Aduanas empezó a cobrar no sólo los nuevos pedidos sino las garantías de pago anteriores y publicó un comunicado en el que aseguraba que LA PRENSA estaba en mora con impuestos atrasados por más de trece millones de Córdobas que debía a la Dirección de Aduanas. Todos los medios oficialistas comenzaron una campaña queriendo demostrar que LA PRENSA no pagaba ni quería pagar impuestos, lo que es falso ya que este Diario paga todos sus impuestos. En los dos últimos años ha pagado 1.8 millones de dólares en impuestos y lo que cobra la Aduana es inconstitucional.
LA PRENSA había interpuesto desde agosto un recurso de amparo por dichos cobros, el que fue aceptado después de agotar los trámites administrativos y llegó a la Corte Suprema de Justicia. Cabe señalar al respecto que el artículo 234 del Código Aduanero Centroamericano manda a suspender la ejecución de la resolución recurrida una vez admitido el recurso de Amparo. Pero a pesar de esto y de que LA PRENSA aún tenía exoneraciones de acuerdo a la misma Ley Arce, la Dirección de Aduanas retuvo el papel de LA PRENSA y le exigía el pago de los trece millones ochocientos mil córdobas (unos US$ 750,000.00) como pago de este período, además de que Aduana divulgó un comunicado indicando que hasta el 30 de julio de 2007 existe una deuda global de unos veintinueve millones de Córdobas (US$ 1,500,000.00).
Después de que el COSEP —que es la asociación de Cámaras de la Empresa Privada—, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), varios partidos políticos; y después de declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Manuel Martínez y del Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos Dr. José Pallais de que el artículo 17 de la Ley Tributaria o Ley Arce, son inconstitucionales, la Dirección de Aduanas aceptó liberar el papel, que amparaba la cuota a que tenía derecho de acuerdo a la misma ley 528 o Ley Arce.
Por otro lado, el 10 de julio salió a luz un documento del Consejo del Poder Ciudadano para el Distrito VI de Managua, que aunque carecía de firma y sello se pudo confirmar que era auténtico, ya que fue aceptado por algunos que se mencionan en el mismo documento. Aunque el coordinador de dicho Consejo, José Tellería, lo negara, otros involucrados aceptaron su existencia. En el documento en mención se dice que los voceros de la derecha son “LA PRENSA, El Nuevo Diario y el Canal II”. El documento llama a protestar contra la compañía española Unión Fenosa, distribuidora del fluido eléctrico y dice textualmente: “Hay que quemar llantas, quemar la prensa, morteros para el tráfico, pero hay que protestar”.
Tellería declaró que aunque LA PRENSA es de derecha y critica por todo al FSLN, nunca han pensado quemar el edificio de este rotativo. Sin embargo Mario Bolaños, otro mencionado en el documento, aceptó la existencia del escrito pero dijo que lo relativo a quemar LA PRENSA se trató de un momento de euforia.
La cobertura gráfica del daño causado por el huracán Félix en las comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) se vio obstaculizada por la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, la que impuso su criterio al momento de escoger a los medios de comunicación que acompañaron a la comitiva presidencial. Los medios excluidos fueron LA PRENSA, Canal 2, Canal 11 y periodistas de radio. Y los medios que fueron seleccionados, en su mayoría eran afines al Gobierno, como el oficialista Canal 4, los corresponsales de Telesur, Canal 23 y Canal 8.
El cupo del helicóptero estaba limitado a ocho personas, no obstante, los ocho que llegaron primero fueron bajados por un oficial miembro de la seguridad del presidente Ortega. Al insistirle que por qué sólo televisivos y no gráficos, Murillo no respondió, pero después de un momento cambió de parecer y permitió subir a un fotógrafo del periódico Hoy. Inclusive dejó por fuera al fotógrafo Antonio Aragón, de la agencia internacional ACAN-EFE.
* Informe presentado a la 63ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Miami, Florida, EE.UU, del 12 al 16 de octubre, 2007.
