El Banco Central de Nicaragua (BCN) solicitó a la Contraloría General de la República su autorización para cancelar el pago a una firma de abogados de la ciudad de Washington D.C., que representa a Nicaragua en una demanda promovida por Serbia, en Estados Unidos.
El contralor Guillermo Argüello Poessy informó ayer que el gerente del Banco Central, José de Jesús Rojas, le informó al Consejo Superior de la CGR de la deuda con la firma de abogados, pero ellos dicen desconocer de qué demanda se trata.
“Decidimos mandar a solicitar mayor información al Banco Central ya que nos está pidiendo hasta 200 mil dólares para pagar los honorarios legales de esa firma de abogados en Washington”, expresó Argüello.
CGR YA HABÍA AUTORIZADO CONTRATAR A ABOGADOS
Aunque los contralores mandaron a pedir más información sobre la demanda, en mayo pasado, el consejo de contralores autorizó al BCN la contratación de la firma de abogados para representar y defender a Nicaragua en el juicio instado contra el Estado de Nicaragua por cuatro empresas serbias.
La demanda es por nueve millones de dólares y según una comunicación enviada en abril pasado al presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, el BCN manifestó la urgencia o necesidad de la aprobación del contrato de los abogados para representar al país ante la Corte Federal de Distrito de Columbia, en Washington, D.C.
ARGÜELLO DESCONOCE LITIGIO CON EMPRESAS
“Que nos digan cuáles son las pretensiones de esta empresa serbia. Yo no he sabido que el Estado nicaragüense tuviera litigio con empresas serbias. (Por eso) estamos pidiendo información adicional al Banco Central”, sostuvo el contralor.
En mayo pasado, el vicepresidente de la Contraloría, Lino Hernández Trigueros, mencionó que por tratarse de una situación de emergencia aprobaron la contratación directa de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
En abril pasado, las compañías serbias 14 October Krusevac, Inex-Interexport Belgrado, IMT AD Belgrado y DP FAP Famos, y su apoderado de Uganda, MFK Corporation Ltd., demandaron a Nicaragua por la no cancelación de unos pagarés por más de nueve millones de dólares.
“Nos dice que le han cobrado 88 mil dólares por esa demanda, y que como no ha terminado nos solicita una ampliación hasta de 200 mil dólares (...), mandamos a solicitar qué y para qué”, detalló el contralor.
El consejo superior también le solicitó al Banco Central que le envíe una copia del cobro que hace la empresa de leyes que ahora está cobrando los servicios prestados.
