El presidente sandinista Daniel Ortega cometió “un grave error” al aceptar compartir con Honduras y El Salvador las aguas que Nicaragua tiene bajo su dominio en el Golfo de Fonseca, opinó el ex canciller Emilio Álvarez.
Según Álvarez, el acuerdo que firmó Ortega con sus pares de Honduras, Manuel Zelaya, y de El Salvador, Antonio Saca, es “una barbaridad” porque las aguas de Nicaragua son las de mayor riqueza natural y porque no existe ningún estudio de antecedentes históricos, jurídicos ni de derechos adquiridos.
“Nicaragua posee, por virtud de esa delimitación, la parte más rica en camarones, porque, por razones ecológicas muy poco conocidas, las hembras desovan en los bordes de los acantilados de la Península de Fonseca, que es el área que le corresponde a Nicaragua, porque es la parte sur del Golfo”, explicó Álvarez.
El ex Canciller (1997-1998) señaló que se estiman entre ocho millones y diez millones de dólares por año lo que sustraen ilegalmente “pescadores furtivos” de Honduras y El Salvador, en recursos naturales de las aguas que pertenecen a Nicaragua.
Álvarez recordó que durante su gestión cada día eran arrestados en aguas nicaragüenses tripulantes de hasta diez embarcaciones.
Nicaragua, Honduras y El Salvador firmaron el jueves pasado un acuerdo que declara el Golfo de Fonseca “zona de paz”.
REGALO INÉDITO
“Hay una riqueza que se quiere compartir ahora gratuitamente con Honduras y El Salvador, que cuando llegan las ‘piedras pómez’ (momentos difíciles) Honduras regala una extensa zona a Colombia y ese es el tipo de gente que quiere que le regalemos cosas”, reclamó Álvarez.
El ex canciller declaró que bajo su dirección logró convencer a las autoridades de Honduras respecto a los límites reales que Nicaragua tiene sobre las aguas del Golfo de Fonseca.
“El grave error” de la administración de Ortega alcanzó para Álvarez el calificativo de “barbaridad”.
“Eso (el acuerdo) es una barbaridad y el manejo de esas cosas es un trámite diferente. Primero hay que explicarle bien a la ciudadanía de qué se trata, abrir un debate de opinión pública con estadísticas, cifras, hacer un referendo y después se va eso a modificar, pero aquí hacen las cosas al revés”, lamentó Álvarez.
“Hay falta de estudios de antecedentes, de estudios jurídicos, de derechos adquiridos históricamente y falta de una apreciación de los costos financieros que eso tiene para Nicaragua”, añadió Álvarez.
