En estos días se reúnen en Managua representantes de diversos tribunales de Justicia Internacional. La cita responde a una invitación de la Corte Centroamericana de Justicia, el órgano judicial principal del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuya sede es la ciudad de Managua. La actual Corte Centroamericana es heredera de la de Cartago, creada en 1907, uno de los más antiguos tribunales de justicia internacional del mundo y el primero en dar acceso no sólo a los Estados sino también a los particulares.
La respuesta de tan prestigiosos juristas a esta invitación debe interpretarse como un gesto de apoyo a la institución anfitriona, creada por el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y su Convenio de Estatuto de 1992. Desde entonces, únicamente tres de los siete países que actualmente conforman el SICA han ratificado este último Convenio, por lo que la Corte cuenta solamente con la adhesión de Honduras, El Salvador y Nicaragua. El órgano judicial centroamericano ha debido enfrentar, además, diferentes crisis políticas, en las que el recurso al ahogamiento financiero ha sido la respuesta a resoluciones y sentencias que no han sido del agrado de sus miembros. Este fue el mecanismo utilizado, también, para terminar con la Corte de Cartago, por lo que un medio de financiamiento autónomo e inmune a las presiones políticas, además de la plena integración de todos sus miembros, constituyen los retos principales de la actual Corte.
La última crisis que debió enfrentar el órgano jurisdiccional centroamericano tuvo lugar en 2005, con ocasión del recurso interpuesto por el gobierno de don Enrique Bolaños por el conflicto entre poderes, originado en las reformas constitucionales publicadas ese año. El actual partido de Gobierno, entonces en la oposición y uno de los autores de las reformas constitucionales, denostó al alto tribunal por su sentencia sobre el caso, acusándolo de haberse dejado instrumentar a cambio del apoyo financiero que en ese momento tanto necesitaba.
Por estas y otras razones, resulta ramplón y deshonesto que el encuentro de Tribunales de Justicia Internacional sea utilizado para intentar lavarle la cara a la maniatada, corrupta e ineficiente justicia de Nicaragua. Muy al contrario, debería ser esta una oportunidad para que los más altos tribunales del mundo puedan constatar con sus propios ojos las consecuencias que en todos los ámbitos y, en particular el económico y social, acarrea la falta de justicia.
En nuestro país, como sucede en la sociedad internacional, el cumplimiento de las sentencias depende de la voluntad de los más fuertes. En nuestro país, como sucede en el antidemocrático Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, controlado por las grandes potencias, también se ha institucionalizado el derecho de veto. La Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Supremo Electoral, no toman ninguna decisión que no cuente con el voto afirmativo de los representantes de las dos bancadas que responden a la voluntad de sus correspondientes caudillos. En nuestro país, como sucede con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pareciera que las leyes, para los poderosos, tuviesen un carácter meramente recomendatorio y fuesen obligatorias solamente para los débiles. La ausencia de un tercero independiente, para utilizar la terminología de Bobbio, encargado de garantizar el cumplimiento de las cláusulas que componen el contrato social que funda la comunidad política, determina que la nuestra, como sucede en la internacional, sea una sociedad agónica, ni totalmente en paz ni totalmente en guerra, en permanente crisis, entre la vida y la muerte, constantemente al borde del incendio y del abismo.
Tras una década de guerra, en los años ochenta, con los acuerdos de paz de Esquipulas, logramos reducir la violencia armada; pero no así otros tipos más insidiosos de violencia: la violencia contra la palabra, en su forma de mentira institucionalizada, convertida en política de Estado, y la violencia que se ejerce a diario sobre las instituciones, a través de la suplantación y el vaciamiento de sus fines, su deformación y falsificación. Esta violencia contra las instituciones, que las convierte en vez de instrumentos para el bien común en medios para el enriquecimiento personal o al servicio de la voluntad de poder de una persona o un reducido grupo de personas, es la peor y más grave forma de violencia. Diferente al asesinato o la mentira y la calumnia, que afectan a una persona o a un grupo determinado, la violencia contra las instituciones afecta de manera indiscriminada a toda la nación y no sólo a las generaciones presentes sino también a las futuras. Violencia aún más grave y perversa, cuando la institución adulterada, manipulada y prostituida es el sistema de impartición de la justicia. Violencia que tiene como efecto cercenar el derecho que tienen las personas a la esperanza y que es lo peor que puede sucederle a una sociedad.
De Centroamérica, Nicaragua es el país con los más altos niveles de seguridad ciudadana; pero a la vez, es el país con los niveles más bajos de seguridad jurídica. Que el encuentro de tantos magistrados y juristas sirva no para tratar de ocultar esta realidad arcaica y dicotómica, sino para poner de relieve el reto y el deber que tenemos todos los nicaragüenses de cambiarla.
