El sirio Monzer Al Kassar, acusado de la venta de armas a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), involucró a representantes del Gobierno de Nicaragua en la operación, frustrada en junio pasado.

Al Kassar dijo a las autoridades españolas que se reunió con “representantes del Gobierno de Nicaragua” y que había comprobado que “todo era legal”, refiriéndose a la transacción.

La afirmación del supuesto traficante fue rechazada ayer por la Ministra de Gobernación de Nicaragua, Ana Isabel Morales.

“No, al contrario, el Gobierno de Nicaragua jamás va a permitir ninguna negociación de nada, ni conversación de ningún tipo, mucho menos con un traficante de armas”, dijo Morales.

La ministra indicó que podía asegurar con certeza que Al Kassar no ha estado en Nicaragua y que tampoco hay comunicación con las autoridades españolas sobre este tema.

Al Kassar fue detenido el pasado 8 de junio en el aeropuerto de Madrid, España, atendiendo a una orden de busca y captura emitida por las autoridades judiciales estadounidenses, que le reclaman por 17 cargos, entre ellos la venta de armas a las FARC.

No obstante, el ciudadano aseguró que desconocía que las armas fuesen para las FARC, porque, “de haberlo sabido lo hubiera denunciado inmediatamente” y pidió que, en caso de que los jueces consideren que ha cometido algún delito, desea ser juzgado en España.

El acusado aseveró además que consultó la cuestión con un inspector de Policía español, quien le habría dicho que no había ningún problema.

El inspector jefe de la Comisaría General de Información de la policía española, José Villarejo, compareció como testigo propuesto por la defensa de Al Kassar y declaró que este le mantuvo al corriente de la operación, porque colaboraba con ellos y lo conoce desde 1993, pero que “nunca tuvo la sensación” de que la venta estuviera relacionada con asuntos de terrorismo.