La Contraloría General de la República (CGR) estableció presunción de responsabilidad penal contra todos los concejales del municipio de Tola, Rivas, por tener doble pago, donar un terreno de 13 manzanas a un proyecto turístico privado y por falsificar la firma de la alcaldesa Loyda Clorinda García Obando.
El presidente de la entidad fiscalizadora, Luis Ángel Montenegro, informó en conferencia de prensa que la presunción penal es en contra de Rita Medina Pérez, secretaria del Concejo municipal de Tola y César Lumbí Córdova, ambos concejales sandinistas; Manuel Baltodano y José Dolores Ruiz Gazo, estos dos últimos liberales.
Sixto Morales, abogado defensor de cuatro de los concejales de Tola, calificó la resolución de la CGR “como una actitud irregular” y argumentó que van a ampararse.
El caso que evacuó la CGR está relacionado con la falsificación de al menos 11 actas del Concejo, para facilitar operaciones de arrendamiento de algunas propiedades comunales, que no habrían dejado ningún beneficio a esa Alcaldía.
En tanto, a los concejales César Augusto Lumbí Córdoba, José Dolores Ruiz Gazo y Manuel Baltodano Rosales, se les responsabiliza por haber donado 13 manzanas de tierra a un proyecto turístico denominado Dolce Vita, transacción en la que resultaron afectadas propiedades de la comuna, así como la aprobación de 12 concesiones de lotes costeros en Playa El Gigante, sin que se suscribieran los correspondientes contratos de arriendo y sin cobrar lo que establece la Ley de Municipios para ese tipo de contrataciones.
“La secretaria del Concejo, doña Rita Medina Pérez, que es la que maneja el libro de la comunidad, falsificó la firma de la Alcaldesa de Tola, doña Loyda García Obando, en 11 actas del Concejo”, dijo Montenegro a la vez que mostró el dictamen pericial de la Policía Nacional que determinó la falsificación.
“En la misma auditoría encontramos una duplicidad de salarios autorizados por los miembros del Concejo. La señora Rita Medina recibió del Ministerio de Salud 122,991 córdobas y recibió de la municipalidad 95,608 córdobas, es decir dentro de su mismo horario laboral percibió 218 mil córdobas, todo autorizado por el Concejo”, agregó Montenegro.
La Ley de Probidad de los Servidores Públicos, prohíbe a los funcionarios públicos recibir salarios de dos instituciones del Estado.
“El Concejo aprobó al señor Almerico Domenico la ejecución del proyecto turístico Dolce Vita, tras donarle 13 manzanas de tierra propiedad de la municipalidad, de tal manera que son responsables de esta operación, los concejales propietarios”, dijo el contralor.
Agregó que la resolución será remitida a los tribunales correspondientes, a la Fiscalía y al Procurador General de la República, Hernán Estrada.
