Los cinco hijos del fallecido dictador Augusto Pinochet fueron encarcelados el jueves, luego que el juez Carlos Cerda ordenara su arresto por malversación de fondos públicos, mientras su mujer se encuentra en el Hospital Militar en calidad de detenida.
Según la Policía de Investigaciones, que fue la encargada de llevar a la práctica la orden del juez, Marco Antonio y Augusto quedaron en la cárcel Santiago I, mientras sus tres hermanas Verónica, Lucía y Jacqueline permanecen en el Centro de Orientación Femenino de San Joaquín.
Lucía Hiriart, de 84 años, viuda del fallecido dictador (1973-1990), se encuentra internada en calidad de detenida en el Hospital Militar, a causa de una descompensación sanguínea tras saber la noticia.
En una resolución de 55 páginas, Cerda procesó a Hiriart, a sus cinco hijos, a otros cuatro colaboradores civiles y a trece militares, tres de ellos generales retirados.
Según la resolución, existen presunciones fundadas de que los procesados tuvieron participación en el desvío, hacia cuentas personales de Pinochet, de fondos reservados que eran manejados por la “Casa Militar”, un comité asesor castrense que el entonces dictador mantuvo en La Moneda en los últimos años de su régimen.
Según fuentes de Gendarmería (policía de prisiones), primero se trasladó al Centro Penal Santiago I a Marco Antonio y Augusto, y 23 minutos después a las tres hijas del ex dictador hasta el Centro de Orientación Femenino de San Joaquín, donde permanecen en un sector segregado y juntas en una celda compartida.
Carabineros (policía militarizada) realizó esfuerzos para evitar un enfrentamiento entre los partidarios del otrora comandante en jefe del Ejército chileno y los familiares de los detenidos desaparecidos, que llegaron hasta los alrededores de los centros de detención.
La investigación sobre la fortuna de Pinochet, que falleció en diciembre pasado, se abrió en 2005, tras descubrirse que mantenía cuentas secretas en el Riggs Bank de EE.UU. y otras entidades, en las que figuraba con al menos una decena de nombres falsos y había acumulado desde los años ochenta una fortuna superior a 26 millones de dólares.
De esa suma, según la resolución de ayer, sólo ha podido acreditar la legalidad de unos seis millones de dólares.
Los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet calificaron como trascendental para Chile el procesamiento dictado por el juez Cerda.
“Es un gesto que nos alegra y satisface, no sólo por los nuestros, sino que también por el futuro de nuestro país”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
La organización efectuó este jueves un acto en el monumento del ex presidente Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, con el objetivo de celebrar la decisión de Cerda contra estas 23 personas.
Pizarro resaltó que las violaciones a los derechos humanos y la malversación de caudales públicos están “íntimamente ligadas”.
La diputada socialista Isabel Allende afirmó que el caso Riggs terminó con la impunidad “que siempre ha rodeado a Pinochet y a su familia”.
Con Pinochet en el poder “se rompió una tradición republicana tan importante”, según la cual “nuestros gobernantes siempre fueron honestos y nunca hubo enriquecimiento ilícito”, añadió la hija de Allende.
La resolución del juez “ratifica lo que todos los chilenos sabemos: que Pinochet no sólo fue un criminal, sino también un sinvergüenza, que involucró a toda su familia y a sus colaboradores más cercanos en el robo de importantes recursos del Estado”, aseguró el diputado socialista Sergio Aguiló.
El secretario de la Coordinadora de Organizaciones de Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas (Coperfa), Renán Ballas, afirmó que le parecía extraña la detención de toda la familia Pinochet, cuando el Gobierno está haciendo agua por todos lados, en alusión a la baja de la presidenta Michelle Bachelet en los sondeos de popularidad.
