El presidente Rafael Correa dispuso el jueves que el 99 por ciento “de las ganancias extraordinarias del petróleo”, derivadas de los altos precios del crudo en los mercados internacionales, sea para el estado y el uno por ciento para las empresas petroleras, cuando anteriormente eran del 50 por ciento para cada uno.
La nueva distribución del reparto de las ganancias extraordinarias del petróleo fue dispuesta mediante un decreto suscrito esta tarde por el jefe de Estado, quien se define como un cristiano de izquierda.
Los ingresos extraordinarios corresponden al precio de venta del petróleo por sobre el valor que se fijó al momento de firmar los contratos.
El petróleo es el principal producto de exportación de este país, que diariamente produce alrededor de 530,000 barriles de crudo, de los cuales 363,000 barriles corresponden a empresas petroleras que trabajan en este país y el resto a la empresa estatal Petroecuador.
En el 2006 los ingresos petroleros sumaron 1,719 millones de dólares.
El decreto justifica la decisión aduciendo que la Constitución establece que “es deber fundamental del Estado defender el patrimonio natural del país y preservar el crecimiento sustentable de la economía, así como el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo” y que los recursos naturales son de propiedad del Estado.
Agregó que se considera que la distribución de las ganancias con las compañías contratistas es inequitativa para el Estado, por lo cual “es necesario regular de forma más justa tales ingresos”, por lo cual decretó que el uno por ciento sea para las empresas y el 99 por ciento para el Estado.
Algunas de las empresas que tienen contratos de participación y que serían afectadas por este decreto son Perenco, de Francia; Repsol, argentina-española, y Petrobras, de Brasil, ninguna de las cuales emitió de inmediato una opinión al respecto.
El gerente de la empresa petrolera argentina, CGC, Ricardo Nicolás, en declaraciones a la AP afirmó que “más que la sorpresa no podemos decir otra cosa, mientras no vea el decreto oficial no lo puedo dar por cierto”.
CGC tiene una concesión que está sin operar por la oposición de un grupo indígena de la amazonia.
El ex ministro de Energía, Fernando Santos, comentó a la AP que con ese decreto “se ha violado el derecho internacional que prohíbe la discriminación a las compañías extranjeras ... es un impuesto confiscatorio, prohibido por el derecho internacional, por la Constitución y por los contratos”.
Afirmó que “es una medida muy similar a la que tomó Fidel Castro en 1960 contra las compañías petroleras extranjeras”, al tiempo de señalar que “el mensaje que se lanza al mundo es que el Ecuador se ha puesto en el mismo plano que Cuba y es un enemigo declarado de la industria petrolera privada”.
Añadió que “con este impuesto las compañías tendrán que trabajar a pérdida y eso no van a aceptar”.
(Contribuyó con esta nota la periodista Jeanneth Valdivieso)
