Fiscalía y Cosep se suman El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, manifestó que la creación de la UAF es indispensable en Nicaragua, porque hasta ahora las instituciones nacionales encargadas de luchar contra el lavado de dinero trabajan de manera “artesanal”, debido a la falta de una estructura adecuada y de presupuesto. La Ley 285, Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, contempla una Comisión de Análisis Financiero (CAF), en la que están representadas diversas entidades del Estado. Centeno dijo que es obligación suya respaldar la UAF, que sustituiría a la CAF, porque es promovida por el Ministerio Público, la Policía y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras entidades. Entre tanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) emitió anoche un comunicado, en donde dijo “está de acuerdo en la creación de la UAF conforme los estándares internacionales y en el marco de nuestra Constitución”. Este tipo de instancias, añadió el gremio, “se encargan de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.

El debate en torno a algunas de las funciones que tendría la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según los términos de un proyecto de ley pendiente de ser dictaminada por la Asamblea Nacional, pica y se extiende.

El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado liberal constitucionalista Francisco Aguirre Sacasa, dijo a LA PRENSA que “toda la alharaca que se ha montado en el país por las inquietudes que hay en relación con el proyecto de ley (de la UAF) son realmente justificables”.

El proyecto de ley, introducido en el parlamento en julio del 2004, propone grandes poderes para esta institución, ante la cual, según su artículo 19, “quedan exceptuadas todas las disposiciones legales referentes al sigilo bancario y tributario y a cualquier tipo de reserva o secreto profesional, mismos que no pueden ser argumentados ni obstáculos para entregar información a la UAF”.

Según el proyecto de ley, la UAF estaría encargada de “detectar, investigar y reprimir” operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar asociadas al lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas y de financiamiento al terrorismo.

CONFIRMA RIESGOS

El tema de la UAF tomó relevancia, luego de estar engavetada por tres años, a raíz de que la semana pasada el Embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, advirtió que si pronto no se crea la entidad descrita, Nicaragua corre el peligro de caer en la lista negra de países que no luchan contra el lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo, lo que le dificultaría el acceso a créditos.

Aguerri confirmó que el proyecto de ley, como está planteado, tiene demasiados controles y reafirmó que “el sigilo bancario es una cosa que está en juego acá”.

“Porque aquí no queremos crear un estado policíaco (...) En la iniciativa prácticamente se estaría investigando a toda la actividad económica”, argumentó Aguirre.

Aclaró que es necesaria la creación de la UAF, para combatir las actividades ilícitas citadas, “pero no queremos una ley donde se vaya a violentar la Constitución y los derechos civiles de los ciudadanos”, destacó.

Además del artículo referido al sigilo bancario, otro que ha sido cuestionado es el número 11, el cual refiere que “la información que reciba la UAF y la que produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva”.

MODIFICARÁN PROYECTO

El diputado Aguirre afirmó que el dictamen de la ley podría estar listo a finales de octubre y que será “muy diferente” al proyecto de ley. “Tendrá que ser modificado porque la verdad es que hay muchísimos controles, esa es la verdad”, subrayó.

El primer vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, añadió que: “Te garantizo que la ley (que salga) deberá estar sujeta al principio de soberanía nacional y tampoco podrá poner en entredicho los derechos y garantías de los ciudadanos nicaragüenses”.

El embajador Trivelli insistió ayer en que UAF “existen en todos los países centroamericanos, menos uno (Nicaragua). Están allí para hacer dos cosas: investigar a fondo transacciones sospechosas y no el estado financiero de todo el mundo. Y cooperar con unidades similares en otros países”.

ASOBANP APOYA

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) defiende hoy, en un anuncio que publica en esta edición de LA PRENSA, la creación de la UAF, aunque no se pronuncia sobre sus funciones.

“Nicaragua tendrá la próxima evaluación del Gafic (Grupo de Acción Financiera del Caribe) en los primeros meses del 2008, y de no existir para ese momento la UAF, existe una alta probabilidad de que el país se incluya en la lista de países no cooperadores en el tema de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Nicaragua es hoy el único país de América signatario del Gafic que no cuenta con una UAF”, indica Asobanp.

El gremio destacó los efectos negativos que Nicaragua tendría de ser incluida en la lista de “países no cooperadores”, entre los que citó que las instituciones financieras extranjeras decidan limitar sus transacciones con clientes del sistema financiero nicaragüense y el sector privado, principalmente exportador e importador, y someterlas a un examen más exhaustivo que las volvería más costosas, o en el peor de los casos, terminar las relaciones financieras definitivamente.

A lo que sumó una calificación de mayor riesgo país, lo cual encarecería el costo de los créditos.