MADRID.- El sirio Monzer Al Kassar afirmó hoy ante la Audiencia Nacional española que no quiere ser entregado a Estados Unidos, país que le reclama por un delito de tráfico de armas a Colombia, porque allí no tendrá garantía de un juicio justo "por ser árabe". Al Kassar aseguró que no ha cometido "ningún delito" y que le reclaman por una "venganza política" debido a unas declaraciones críticas contra el presidente estadounidense, George W. Bush, que realizó durante una entrevista.
El supuesto traficante fue detenido el pasado 8 de junio en el aeropuerto de Madrid atendiendo a una orden de busca y captura emitida por las autoridades judiciales estadounidenses, que le reclaman por 17 cargos, aunque esta solicitud se sustenta en un presunto delito de venta de armas a la guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El acusado aseguró que se reunió con "representantes del Gobierno de Nicaragua", que comprobó que "todo era legal", y que incluso consultó la cuestión con un inspector de Policía español, quien le dijo, según Al Kassar, que no había ningún problema.
El ciudadano sirio añadió que desconocía que las armas fuesen para las FARC, porque, "de haberlo sabido, lo hubiera denunciado inmediatamente" y expresó que, en caso de que los jueces consideren que ha cometido algún delito, desea ser juzgado en España.
El inspector jefe de la Comisaría General de Información de la policía española, José Villarejo, compareció como testigo propuesto por la defensa de Al Kassar y declaró que éste le mantuvo al corriente de la operación, porque colaboraba con ellos y le conoce desde 1993, y añadió que "nunca tuvo la sensación" de que la venta estuviera relacionada con asuntos de terrorismo.
El fiscal Enrique Molina, favorable a la extradición de Al Kassar, explicó que fueron esos representantes gubernamentales con los que contactó el acusado quienes denunciaron a la DEA (Agencia Antidroga de EE.UU.) las irregularidades de la operación comercial.
El representante de la Fiscalía dijo que Al Kassar debe ser juzgado fuera de España porque se trata de un delito "que se desarrolla en varios países, ya que la proposición del negocio tuvo lugar en el Líbano, las armas procedían de Rumanía y tenían por destino Colombia".
El abogado defensor, José Luis Sanz Arribas, se opuso al traslado de su cliente porque cree que la reclamación de las autoridades estadounidenses esconde una motivación política y racista.
Según Sanz, quien denunció que EE.UU. intervino comunicaciones a su cliente sin autorización judicial, los policías estadounidenses pidieron al Gobierno de Nicaragua certificaciones oficiales utilizadas en la compra de armas para dárselas a Al Kassar y que éste procediera a su adquisición creyendo que se trataba de una operación completamente legal.
