El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Mario Amador, y magistrados judiciales liberales, advirtieron ayer sobre los riesgos que traería al sector bancario y privado, la aprobación del proyecto de Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Basado en esto, Amador instó a la Asamblea Nacional a revisar exhaustivamente cada artículo contenido en la iniciativa de ley que está siendo dictaminada por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del parlamento.
Amador, también presidente de la Cámara de Industrias (Cadin), manifestó que “esa iniciativa es un error, porque el sigilo bancario es una cuestión que te da garantía de que vos podés trabajar y tener una relación directa con los bancos”, al referirse al artículo 19 contenido en la propuesta de Ley Creadora de la UAF.
El artículo 19 dice: “... respecto a la obligación de informar, quedan exceptuadas todas las disposiciones legales referentes al sigilio bancario y tributario y a cualquier reserva o secreto profesional, mismos que no pueden ser argumentos para los propósitos de esta ley”.
Amador señaló que “si vos empezás a poner ese tipo de cosas, el empresariado busca dónde tener sus recursos”.
Consideró que “los bancos sencillamente van a ser una caja de información, que puede ser hasta mal interpretada (...), por ejemplo, por la Dirección General de Ingresos (DGI)”.
El directivo de la cúpula empresarial recomendó a la Asamblea Nacional revisar exhaustivamente el contenido de la propuesta de ley, para evitar roces con la Constitución Política, con los Derechos del Estado y de los Ciudadanos.
“Creo que es peligroso que se eliminen esos derechos que vos tenés y que son garantía de que el sistema bancario no puede ser utilizado para terrorismo fiscal”, recalcó el vicepresidente del Cosep, tras salir de una reunión con directivos de las once cámaras que conforman el Cosep.
A pesar de que esta iniciativa de ley fue introducida a la Asamblea Nacional en el 2004, hasta este año el tema tomó relevancia, luego que la semana pasada el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, advirtiera sobre la vulnerabilidad de Nicaragua en la lucha contra el lavado de dinero, por la falta de una UAF y del riesgo que corre el país de ser incluido en una “lista negra”.
Actualmente esta iniciativa de ley está en proceso de revisión y análisis por parte de la Comisión de Producción, Económica, y Presupuesto del parlamento, cuyo dictamen podría estar listo este mes, según dijo el primer vicepresidente de dicha comisión, el sandinista Wálmaro Gutiérrez.
COSEP ANALIZA INICIATIVA DE LEY
En tanto, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien se mostró cauteloso, manifestó que actualmente una comisión de ese sector está analizando el contenido de la iniciativa de ley, para luego emitir una posición definitiva .
El sigilo bancario es un compromiso de confidencialidad que adquieren las instituciones bancarias respecto a la información de sus clientes.
De acuerdo a las leyes nicaragüenses, el sigilo bancario puede ser levantado sólo con una orden judicial.
Amador recalcó que el artículo en mención “deja demasiado abierto a los bancos y demasiados vulnerables a la información en general”.
“INCONSTITUCIONAL”
En tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Cuarezma y Manuel Martínez Sevilla, calificaron de “inconstitucional” la propuesta de ley.
Cuarezma basó sus argumentos en que la Unidad “invade las esferas de los ciudadanos, de la empresa privada y cualquier tipo de esfera de la sociedad”.
El magistrado apuntó que la UAF no tiene ninguna razón de ser, porque ya existen otras instituciones, como la Dirección de Investigación Económica de la Policía (DIE), que ayudan a prevenir el lavado de dinero y otros delitos económicos, que es el objetivo de la UAF.
“La pregunta que se debe hacer es: ¿para qué crear una unidad financiera cuando ya están creadas otras instancias?, ¿si otras instancias ya creadas no funcionan, por qué no fortalecerlas?”, expresó Cuarezma.
SOLÍS APOYA
La respuesta del magistrado sandinista Rafael Solís, cuya posición es opuesta a la de sus homólogos, es que la idea no es usar a la Fiscalía y la Policía para ejercer control, sino hacer una unidad de alto nivel, con autonomía administrativa y financiera, que esté por encima de los “cuerpos pequeños” existentes y que están dispersos en las instituciones.
Solís redujo el papel de estas instancias existentes y en el caso de la Fiscalía, dijo que funciona para planes sociales de rehabilitación.
El convenio, destacó Solís, ha sido suscrito por casi todos los países latinoamericanos y Estados Unidos, para obligar a cada Estado a crear esa Unidad.
Mientras el magistrado Cuarezma consideró que la UAF es más bien un riesgo para los intereses del Estado y de la ciudadanía, Solís se declaró partidario de que se apruebe la ley de creación de la UAF “en el marco de los límites de la Constitución Política”.
“Si la Unidad Financiera va a tener información, indudablemente a alguien se la va a transferir. Y si se pone en contexto esta Unidad de Análisis Financiero con los diferentes acuerdos de ayuda mutua y recíproca que se han firmado en América Latina, esta información transcurre de manera vertiginosa a través de esos acuerdos sin ningún tipo de límites y control. ¿Va a servir para la confiabilidad de las inversiones en el tráfico económico o va a servir para las instituciones de inteligencia internacionales de los países industrializados?”, cuestionó Cuarezma.
“Hay que luchar contra el crimen organizado y el lavado de dinero, indudablemente que sí, pero la lucha se hace desde y a partir de la ley, nunca fuera de la Constitución Política”, enfatizó el magistrado Cuarezma.
Solís, sin embargo, consideró que deberá analizarse primero si es verdad que existen estos roces con los límites individuales de las personas.
¿CÓMO SE HARÁ?
De acuerdo con el magistrado Solís, si la Unidad decide averiguar las cuentas de determinada persona, será “por alguna razón”, pero consideró que a lo mejor se hace necesario que la Unidad se dirija a una autoridad judicial o policial para suspender el sigilo.
“En fin, no sé cómo será, pero tampoco podés aprobarla sólo por cumplir un requisito y dejarla con las manos amarradas, tenés que dejarla con algunas facultades dentro de los límites que establece la Constitución Política del país”, precisó el magistrado sandinista.
“Me parece que hay que verlo en término de un país que está luchando contra el narcotráfico y que Nicaragua sí debería de dar una señal positiva aprobando ya esa ley”, expresó.
Solís reconoció que coincide con el embajador Paul Trivelli en la creación de la Unidad, y descartó que se vaya a violar la intimidad de las personas, salvo en casos donde haya sospechas porque “de pronto aparecen dándose la gran vida”, tienen cuentas de hasta dos millones de córdobas, son dueños de yates y aviones y quizás sólo tienen un negocio pequeño.
