El proyecto de Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), introducido en el parlamento en julio del 2004, propone grandes poderes para esta institución, ante la cual, según su artículo 19, “quedan exceptuadas todas las disposiciones legales referentes al sigilo bancario y tributario y a cualquier tipo de reserva o secreto profesional, mismos que no pueden ser argumentados ni obstáculos para entregar información a la UAF”.
El tema de la UAF tomó relevancia, luego de estar engavetada por tres años, a raíz de que la semana pasada el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, advirtió que sin una UAF encargada de recolectar y analizar información “dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo”, Nicaragua corría el peligro de caer en la lista negra de países que no luchan contra el lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo, lo que le dificultaría el acceso a créditos.
MÁS PODERES
En el mismo artículo, se agrega que, “en consecuencia, las entidades y personas que deben observar el sigilo bancario y tributario, o algún tipo de reserva y secreto profesional, quedan exentas o relevadas de esa obligación para los propósitos de esta ley”.
Además, la iniciativa promueve en su artículo 20, tercer párrafo, que “queda prohibido informar o hacer algún tipo de advertencia a las personas cuyas operaciones o transacciones sean objeto de reportes y análisis”.
Asimismo, el artículo 14 en su párrafo final dice: “Todas las instituciones del Estado, sin ninguna excepción... están obligadas a colaborar con la UAF y dar respuesta inmediata a todos los requerimientos de información, sin aducir ninguna reserva, confidencialidad o sigilo”.
INFORMACIÓN RESERVADA
En el artículo 11, el proyecto de ley apunta que: “La información que reciba o requiera la UAF y la que produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva”.
El director ejecutivo, el subdirector y todos los funcionarios y empleados de la UAF, durante y después que ejerzan sus funciones, guardarán total reserva y confidencialidad sobre la información que conozcan, y sólo la darán a conocer en cumplimiento de sus obligaciones. Esta obligación es extensiva a los miembros del Consejo Asesor de la UAF respecto a cualquier información a la que pudieran tener acceso”.
No obstante, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del parlamento adelantó que ya están revisando y analizando los artículos que contiene la iniciativa, para que no tenga roces con la Constitución ni con los Derechos del Estado y los Ciudadanos.
El primer vicepresidente de la Comisión, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, adelantó que en este mes esperan tener listo el dictamen del proyecto de ley, que está siendo consultado y revisado de forma tal que se respeten los Derechos y Garantías constitucionales del Estado nicaragüense y de los ciudadanos.
LA PROMESA
“Todo (el proyecto) estamos revisándolo ... Y lo hacemos en el marco de nuestra Constitución Política, respetando los Derechos y Garantías constitucionales de los ciudadanos e incluso el derecho soberano de los Estados a manejar su propia información a buen sigilo y resguardo”, subrayó.
El legislador enfatizó que lo anterior quiere decir que “(el propósito) no es establecer una UAF que sea un gracioso servidor de información a terceros países sin que haya una cláusula de reciprocidad en materia de intercambio de información... te garantizo que se va a crear esa unidad sin detrimento de los derechos soberanos del Estado nicaragüense y sin detrimento de los Derechos y Garantías consagrados a favor del ciudadano y de la Constitución”.
El diputado hizo la aclaración, porque en el artículo 26 del proyecto se establece que la UAF “tendrá la facultad de suscribir acuerdos, convenios y memorandos de entendimiento ... con entidades homólogas de otros países.
LAS CONSULTAS
Gutiérrez precisó que las consultas de la iniciativa de ley están incluyendo a sectores del sistema financiero como la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif) y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
“Tenemos previsto reunirnos también con el Poder Judicial y con algunos entes obligados como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que es la entidad que hasta ahora se ha pensado (de acuerdo al proyecto) a la que se le debe adscribir la UAF, a menos que haya una mejor propuesta”, indicó.
¿CÓMO SE FINANCIARÁ?
El proyecto de ley de la UAF recomienda la creación de la unidad descrita, para “prevenir, detectar, perseguir y reprimir el lavado de dinero y de activos provenientes de actividades ilícitas”, de modo que la UAF tenga la posibilidad de “dar respuestas a los casos que se presenten y darles seguimiento hasta definir si hay o no lavado de dinero y de activos, para poder controlar o frenar a los grupos de delincuentes organizados internacionalmente”.
En el artículo uno se establece la creación de la UAF “como una unidad estatal administrativa, de interés público, especializada en análisis e investigación financiera dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía funcional, organizativa y técnica”.
La UAF, de acuerdo al proyecto, estaría adscrita al MHCP y para funcionar tendrá una asignación del Presupuesto nacional.
