Gail Geerling y Jocelyn Carnegie, ex socios de Armel González y representantes de la sociedad Bucaneros, presentaron una queja ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del embargo que la juez Único de Tola, Astrid Fonseca, realizó contra Arenas Bay.

Martín Moraga, abogado de Geerling y Carnegie, explicó que la juez Fonseca, además de embargar bienes equivocados, tampoco especificó en el acta quiénes lo solicitaban, tampoco dijo dónde sería bonificado ni describió los bienes embargados.

La juez Fonseca, por ser juez Local y no de Distrito, no estaba facultada para realizar un embargo por la suma de seis millones de córdobas, aunque la ley es muy ambigua en ese aspecto, dijo Moraga.

La queja, según Moraga, es porque a la judicial, al momento de hacer el embargo, se le explicó que las propiedades eran de otros dueños y se le presentaron las escrituras, pero ella procedió a embargar los bienes de otras personas.

Geerling manifestó que ella y Carnegie estuvieron en Europa y Estados Unidos promoviendo el turismo en Nicaragua, pero al regresar fueron sorprendidos por el embargo.

“Estamos frustradísimos porque estamos promoviendo a Nicaragua por un lado y por otro nos atacaron directamente a nosotros y a otros extranjeros, a propiedades de otras compañías, de constructores que no tienen nada que ver con nosotros”, manifestó Geerling, quien aclaró que Armel González ya no es parte de Arenas Bay.

“Es claro que este Gobierno no quiere a Armel en este país y lo mandamos a otro país. Ya no está, ya no tiene nada que ver con esta compañía, entonces esta acción me tiene totalmente confundida. Yo no entiendo”, señaló la inversionista extranjera.

Entre los afectados están 34 extranjeros (ingleses y estadounidenses), así como una empresa de construcción, a quienes les ocuparon maquinarias.

LA PRENSA, una vez más, trató de hablar con la juez Fonseca, pero en esta ocasión su secretaria, Margarita Pavón, explicó que la judicial andaba con varios facilitadores judiciales en El Astillero, donde no hay señal para teléfonos celulares.

PROTECCIÓN A EXTRANJEROS

El Procurador General de la República (PGR), Hernán Estrada, aseguró que el Estado va a velar por los intereses de los extranjeros que han venido a invertir en Nicaragua.

“En algún momento vamos a intervenir, para asegurar (proteger) los derechos de esa gente, como los señores que han venido a construir sus casitas”, expresó el procurador Estrada.

El abogado del Estado recordó que tras el primer conflicto de propiedades en Tola, él medió para que los miembros de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro se quedaran con 24 manzanas, pero los campesinos se sienten inconformes porque vendieron las tierras a mal precio y les liquidaron la cooperativa de forma ilegal.

Gail Geerling reveló que la PGR está clara de que las propiedades de Arenas Bay están legales, pero aún esperan una resolución de ellos.

Actualmente las oficinas de Arenas Bay están cerradas.

“Yo no sé si vamos a abrir otra vez, yo no sé si quedamos en este país, no sé. Necesitamos tener reunión con el Procurador. Ojalá que él pueda hacer algo”, dijo Geerling.

La inversionista agregó: “Si tenemos que seguir peleando contra acciones ilegales en este tipo de peleas, ¿por qué gastar más dinero aquí?, ¿por qué invertir más dinero aquí? No tiene razón de ser. Otros países quieren nuestra inversión”.